De
Sydney a Vancouver, de París a Pretoria, de Nueva York a Buenos Aires, en todo
el planeta más un millón de jóvenes han dejado de ir al colegio para
manifestarse en la calle. Y todo por culpa de una adolescente sueca afectada
por el síndrome de Asperberger llamada
Greta Thunberg (2003) que en el verano de 2018 empezó a dejar de ir a clase los
viernes para manifestarse en Estocolmo ante el Parlamento sueco para concienciar
al mundo del dramatismo del cambio climático y obligar a los políticos a
reaccionar. Su combate prendió y Greta ya ha hecho un TED y ha pronunciado un
discurso en la ONU, concretamente en diciembre de 2018, en el COP 24 celebrado
en Katowice (Polonia). “Por su culpa” los adolescentes se han cabreado en el
mundo entero y han decidido tomar medidas. En Estados unidos ha surgido el
movimiento Huelga climática infantil, fundado por 5 adolescentes entre 12 y 17
años; y otros 21 adolescentes han presentado la primera demanda judicial contra
el Gobierno norteamericano por no protegerlos de los daños que supone el uso de
los combustibles fósiles. Una demanda que ha sido admitida a trámite.
Mucho
ruido y pocas nueces
El cabreo de los jóvenes está justificado.
Porque los síntomas del calentamiento climático, tantas veces debatido entre
quienes creen en él y los que opinan que es un cuento chino, empiezan a ser
cada vez más claros. Si atendemos, por ejemplo, a la drástica reducción de la
masa de hielo de los polos y a la subida del nivel de los océanos. Y es que
¿cómo no va a haber calentamiento global si unos 120.000 aviones diarios surcan
los cielos del planeta… cada día?
El
verdadero problema es que, junto a los políticos, dominados por el
cortoplacismo electoral, los juristas tampoco están a la altura, a pesar de que
existe una nueva área jurídica llamada Derecho medioambiental que va a cumplir
medio siglo de existencia. El problema es que esta nueva área jurídica se
inscribe en el ámbito internacional, y hoy por hoy, como sabemos, el único derecho
que funciona de modo eficaz es el estatal ya que son los estados los que tienen
los medios para imponerlo por la fuerza si es necesario. El derecho
internacional está plagado de buenas intenciones pero queda muy a menudo en
agua de borrajas. Porque no hay un legislador global, un tribunal aceptado por
todos o un policía del planeta. Ni siquiera en la Guerra de las Galaxias
gracias a que Luke Skywalker hace lo que puede para luchar contra el Imperio y
evitar que controle todo el universo. En la realidad del mundo de hoy los 193
estados-nación de la ONU son soberanos y aceptan lo que les conviene. Por eso
cuando se trata de un problema “internacional” solo puede recurrirse a los
tratados, que en definitiva son contratos entre naciones soberanas y que como
tales se cumplen no porque exista una autoridad superior sino porque cada
estado firmante está por la labor. Desde luego en el ámbito del cambio
climático y del calentamiento global cada estado arrima el ascua a su sardina y
por ello el indispensable derecho medioambiental es a menudo tan ineficaz.
Desde la firma en 1992 del Tratado Conferencia
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), todos los años
representantes de todo el mundo se reúnen con grande alharacas para conseguir
pocos resultados. Como la montaña que parió un ratón. El famoso parto de los
montes de la fábula de Esopo que sigue rondando por la Tierra desde hace 2500
años. Con un ejemplo lo entenderás mejor, el tan aireado Protocolo de Kioto de
1997, es un bluff, porque, de entrada, no se unen a él ni China ni Estados
Unidos, porque en teoría entró en vigor en el 2005 y acabó en 2012, aunque no
se sabe si se prorrogó realmente en el 2011, porque en el 2012 se salió Canadá,
y porque en el 2015 aún sigue teniendo fecha de caducidad, pues tras firmarse
el Acuerdo de París, este solo entrará en vigor en el 2020, aunque está por ver
si será más eficaz. No te asustes lector si todo esto te parece un lío. Porque
lo es. Es un batiburrillo y, sobre todo, es muy poco efectivo. Mucho ruido y
pocas nueces, parafraseando la famosa obra de Shakespeare (Much ado about nothing).
Es verdad que también hay que valorar que
influye en la inoperatividad del derecho medioambiental el que a nivel mundial
las opiniones estén dividas sobre si resulta o no útil. Para algunos hay
avances notables en la lucha contra el
cambio climático porque desde el año 1970 en que se inicia la reacción jurídica
contra los gases que provocan el “Efecto invernadero”, el combate de unas pocas
y aisladas decenas de asociaciones raíz (grassroots)
o comunidades de base, se ha convertido en una lucha planetaria que moviliza a
millones de personas en todo el mundo. Y ello ha acabado por tener
consecuencias que se traducen en resultados tangibles.
La educación medioambiental se ha convertido
en una parte insustituible y estandarizada del curriculum escolar. Y
económicamente hablando la industria destinada a controlar la polución, solo en
Estados Unidos, factura en torno a los 200.000 millones de dólares anuales,
generando un millón y medio de empleos. El derecho medioambiental ha tenido
además un impacto positivo en la medida en que en Norteamérica, por ejemplo, el
aire, el agua y el suelo están hoy más limpios que estaban en 1970, lo cual es
muy meritorio teniendo en cuenta el tremendo crecimiento económico
experimentado desde entonces. Según datos de la Agencia de Protección del
Medioambiente norteamerican (Environmental
Protection Agency) al iniciarse el
nuevo Milenio, si adicionamos las emisiones de los 6 principales elementos que
polucionan el aire, sus niveles habrían descendido desde 1970 un 25%, a pesar
de que en ese mismo período el consumo de energía ha aumentado un 43%, los
kilómetros recorridos en coche por los conductores norteamericanos un 149%, y
el PNB norteamericano un 160%. A lo que hay que añadir que dos tercios de las
aguas que son objeto de vigilancia medioambiental permiten que la gente pesque
y nade en ellas, cuando hace apenas tres décadas eran cloacas a cielo abierto.
Otros analistas, en cambio, son mucho menos
optimistas, cuando no directamente mucho más pesimistas. Para ellos en su medio
siglo de desarrollo el Derecho medioambiental ha tenido muy poco impacto a la
hora de frenar la degradación ecológica del planeta. Toda la batería de medidas
jurídicas adoptadas por el Gobierno de los En Estados Unidos desde 1970 para
proteger el medioambiente y las instituciones creadas con este fin no han
logrado evitar que haya desaparecido el 53% de los humedales (wetlands) y el 90% de los bosques
originarios (old growth forrests),
que 9000 especies estén en riesgo de extinción, o que no se pueda pescar en el
44% de los ríos norteamericanos. Sencillamente porque siguen vertiéndose
anualmente en el aire, el agua y el suelo dos millones de toneladas de
productos químicos tóxicos.
Y la Tierra no es la única afectada, pues también
sufre las consecuencias de la destrucción medioambiental la salud humana. De
entrada porque, actualmente el 95% de la población mundial tiene un alto riesgo
de sufrir cáncer de pulmón, debido a las toxinas que flotan en el aire que
respiran. Un estado de cosas que ha favorecido el surgimiento de una literatura
de gran calado ecológico, que pone en evidencia el daño que el ser humano está
infligiendo al planeta, como Annie Proulx en su libro El bosque infinito (2016) o la sátira ecologista de Jonathan
Franzen Libertad (2010).
Este
colosal daño a la Tierra y a sus habitantes tiene su origen en la Revolución
industrial, aunque cuando realmente se acelera exponencialmente es durante los
últimos 30 años; período que los medioambientalistas llaman la Era moderna del
derecho medioambiental (Modern Era of
Environmental Law), caracterizado porque en él los ecosistemas se han
reducido en un 33% y los humanos ya hemos consumido irreversiblemente un tercio
de los recursos naturales del Planeta. Y en estas condiciones a la pregunta de
si funciona el Derecho medioambiental hay que contestar con un rotundo
"no". Como mucho podría hablarse de éxitos pequeños, pero valorada en
su conjunto la destrucción provocada por la actividad industrial ha sobrepasado
con mucho la eficacia de la batería de normas jurídicas que protege el
medioambiente. Por eso se ha podido afirmar, expresivamente, que desde el punto
de vista de la salvaguarda ecológica las leyes e instituciones medioambientales
son el bastón en el que se apoya la Humanidad mientras camina hacia su propia
destrucción.
Cambio
de prioridades
Desde la perspectiva de la historia jurídica
lo que está claro es que hoy se está poniendo en tela de juicio que el hombre
pueda ejercer un dominio absoluto sobre la naturaleza. La polución, la
deforestación, la sobreexplotación agrícola están degradando el planeta a
marchas forzadas y por ello estamos en un punto en el que hay cada vez más
gente convencida de que el derecho debe anteponer la protección del planeta a
los intereses económicos del hombre. El cambio climático y el agotamiento de
las reservas naturales hacen que los dogmas del crecimiento económico y el
mantenimiento del nivel de vida pasen a un segundo plano y prevalezca la
necesidad de salvar la Tierra.
Y
algo está cambiando. Los esfuerzos a nivel global pueden ser decepcionantes
–porque entre otras cosas el derecho es considerablemente ineficaz a nivel
internacional-, pero si dividimos el mundo en áreas geográficas las cosas no
están tan mal. Es un lugar común afirmar que los Estados Unidos son la bestia
negra del cambio climático y que los norteamericanos son los campeones de la
degradación del planeta. Sin embargo lo que se olvida es que, paradójicamente,
fue el gobierno federal norteamericano el primero en crear organismos públicos
destinados a proteger el medio ambiente. Concretamente fue el denostado
presidente Nixon (1969-1974), el del escándalo Watergate, quien creó en 1970 la
Agencia de Protección del medioambiente (Environmental
Protection Agency, USEPA) y la Administración Nacional oceánica y
Atmosférica (National Oceanic and
Atmosferic Administration, NOOAA). Dos organizaciones que cuentan con una importante red
territorial de sedes y miles de funcionarios pagados con cargo a los impuestos
de todos los norteamericanos. Los
europeos tardamos la friolera de 20 años más -hasta 1990- en crear una Agencia
europea del medioambiente.
CUESTIONES:
1. ¿Qué es el “efecto invernadero?
2. ¿En qué país y cuando se inicia la protección del medio
ambiente?
3. Explica la frase siguiente: desde el punto de vista de la salvaguarda
ecológica las leyes e instituciones medioambientales son el bastón en el que se
apoya la Humanidad mientras camina hacia su propia destrucción.
4.
¿A partir de cuándo la lucha contra el medioambiente empezó a ser eficaz? ¿Qué acontecimiento de la Guerra fría justificó la alarma medioambiental en la población?
5. ¿Cuál es la principal dificultad jurídica que plantea la
protección y defensa del medioambiente?
6. ¿Por qué en Europa es donde hoy el derecho protege más
eficazmente el medioambiente?
7. Explica qué es la “constitucionalización” del medio
ambiente.
8. ¿En qué medida los derechos humanos ofrecen una protección contra el cambio climático? Sitúate en un plano jurídico
9. ¿Cómo pretende el capitalismo luchar contra el
calentamiento climático?
