En teoría, desde el momento en que, tras la Revolución, el poder en Francia no descansa en el rey sino en el conjunto del pueblo erigido en nación, son sus representantes quienes en su nombre deciden en la Asamblea nacional el destino de todos. La mala noticia es que en virtud del “absolutismo democrático”, quien ejerce el poder absoluto es quien gana las elecciones. Porque su victoria en la contienda política les permite erigirse en dueños y señores absolutos del estado, y a partir de ahora pueden simplemente derogar a su guisa todo el derecho anterior. Los monarcas absolutos debían respetar las Leyes fundamentales del reino –costumbres inveteradas por las que se regía el funcionamiento del estado- y las Leyes naturales que protegían, por ejemplo, la “honesta libertad de los franceses”. Los flamantes representantes de la voluntad nacional en cambio se las podían saltar a la torera.
Ni que decir tiene que el surgimiento de este nuevo derecho nacional refuerza considerablemente el control que el poder político ejerce sobre el sistema jurídico, empezando por la determinación de quiénes son los "nacionales" de cada Estado a los que se aplica. El gobierno elegido por los ciudadanos alcanza pues un poder omnímodo para culminar el proceso de “estatalización” del derecho. Esto es: el sometimiento sin condiciones al poder político.
Acabar con un sistema jurídico integrado por una variopinta multitud de costumbres, privilegios y leyes y en la misma tacada otorgar preferencia al “Ius proprium” de cada Estado sobre el viejo “Ius commune” medieval construido por los profesores universitarios de toda Europa agrupados en el estamento privilegiado de la nobleza de toga, era sin duda conveniente para que el derecho fuese más adecuado a los tiempos, más accesible y fácil de aplicar. Por eso en aras de la “seguridad jurídica” una de las primeras tareas de las Asambleas legislativas revolucionarias fue racionalizar el derecho. Una dinámica que culminará con la “codificación”, mediante la cual cada Estado procura dotarse de un cuerpo de leyes racionalmente ordenado que comprende el conjunto del derecho aplicable al territorio y al conjunto de sus habitantes (nacionales).
La crisis del Ius commune y la expansión del Ius proprium
El ius commune es fruto de la concepción política "universalista" imperante en una Europa en la que papas, emperadores, y reyes se consideraban herederos del Imperio romano, creían en una única religión universal (católica) y se regían por un único derecho: el desarrollado al unísono en las universidades medievales. Este estado de cosas empieza a cambiar a partir del año 1500 cuando más y más monarcas dejan de reconocer la autoridad imperial y pontificia, porque sus juristas les han convencido de que no deben rendir cuentas a nadie ya que son emperadores en su propio reino. En el ámbito jurídico ello fomenta que frente al Ius commune empiece a tener cada vez más importancia el derecho particular o propio (Ius proprium) de cada reino. Se inicia así un proceso que culminará con el triunfo del modelo político del Estado-nación, a partir del último tercio del siglo XVIII, cuando los nuevos Estados empiezan a construir el edificio del "derecho nacional".
El camino hacia la configuración de "derecho nacional" se inicia en Inglaterra a finales del siglo XII cuando sus reyes favorecen el surgimiento de un sistema jurídico propio unificado (Common Law) basado en la expansión procesal de la jurisdicción regia. Esta singular unidad jurídica favorece la autonomía política del Reino inglés frente al papado desde el reinado de Enrique VIII (1509-1547), un monarca que rompe con Roma en 1534 para divorciarse de la hija pequeña de los Reyes Católicos, Catalina de Aragón, y casarse con Ana Bolena, a pesar de la oposición del papa. El matrimonio con Ana Bolena solo duró tres años, pero la separación de Roma fue definitiva ya que nadie volvió a poner en tela de juicio que Inglaterra era un reino independiente con su propio derecho.
Por lo que se refiere al Ius commune éste inicia su declinar en 1517, en el momento en que Lutero clava en la puerta de la Iglesia de Wittenberg sus Noventa y cinco tesis poniendo a caldo el papismo. Cuando Carlos V cuatro años más tarde deja al eclesiástico rebelde explicarse en la Dieta de Worms, no era probablemente consciente de que sería el último gran emperador romano germánico porque carecía de la perspectiva histórica necesaria para entender que la Reforma hacía añicos la vieja idea del universalismo medieval.
Por supuesto esto no ocurrió de la noche a la mañana. Fue necesario un siglo de encarnizado enfrentamiento entre católicos y protestantes con episodios tan terroríficos como la matanza de la Noche de San Bartolomé, cuando en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572 miles de luteranos fueron asesinados en París. Un siniestro preludio de la espantosa Guerra de los Treinta Años (1618-1648). Y todo ello para que, a la postre, en la Paz de Westfalia el conflicto quedara en tablas. Eso sí, junto a las innumerables víctimas de la contienda religiosa quedó sepultada la idea del imperio universal reemplazada por un nuevo orden europeo protagonizado por una pléyade de Estados independientes, cada uno con su propio derecho.
La reacción contra el caos jurídico
Este cambio sin embargo planteaba un problema ya que, si el ius commune del modelo universalista era, aunque complejo, un derecho intelectualmente avanzado, el ius proprium de la Europa de los Estados era un caos absoluto, al estar integrado por un precipitado de normas que se habían ido acumulando a lo largo de la historia. Un batiburrillo de costumbres y privilegios locales, de normas pactadas dictadas por las asambleas estamentales, de leyes unilaterales promulgadas por los reyes, que coexistían con normas dictadas por los papas o los emperadores. Un maremágnum con el que tenían que lidiar como podían los juristas formados en el mundo académico ideal de las universidades para luego batirse el cobre frente a la dispersa multiplicidad de jueces regios, feudales, locales, eclesiásticos o mercantiles. En definitiva, un completo desbarajuste.
François Marie Arouet, más conocido como Voltaire (1694-1778), denunciaba en 1762 que el viajero que atravesaba la Francia de su tiempo cambiaba más de leyes que de caballo. La descripción que nos hace del caos jurídico de la época no tiene desperdicio:
“La anarquía feudal ha desaparecido, pero muchas de sus leyes siguen vigentes, lo que sume a la legislación francesa en una confusión intolerable. ¿Seguirá juzgándose la misma causa de forma diversa en provincias y en la capital? ¿Es inevitable que la misma persona tenga razón en Bretaña y esté equivocada en el Languedoc? Porque, insisto, hay tantas jurisprudencias como ciudades. Y en el mismo tribunal, la máxima por la que se rige una sala no es la misma que la de la sala contigua. Las leyes romanas se aplican en las provincias de derecho escrito y en las provincias que se rigen por la costumbre cuando esta costumbre no permite resolver el caso. Pero hay cuarenta mil leyes romanas sobre cada una de las cuales hay mil comentarios que se contradicen. Además de estas cuarenta mil leyes que se citan a boleo, tenemos quinientas cuarenta costumbres diferentes, incluyendo las de ciudades pequeñas e incluso algunos pueblos, que derogan los usos de la jurisdicción principal, de forma que un hombre que recorre Francia de posta en posta, cambia de leyes más a menudo que de caballos, y un abogado muy sabio en su ciudad es un ignorante en la ciudad vecina”.
El proceso de racionalización del derecho
La apocalíptica descripción que hace Voltaire del sistema jurídico de su tiempo, en pleno Siglo de las Luces, permite comprender por qué los filósofos ilustrados defendían la necesidad de contar con unas leyes claras y comprensibles, editadas en textos ordenados que garantizasen la seguridad jurídica. La racionalización de este totum revolutum de materiales jurídicos exigió a los juristas un ingente esfuerzo que duró más de tres siglos.
Este proceso de clarificación jurídica se inicia con la recepción de los planteamientos humanistas propios del Renacimiento, cuando la visión “teocéntrica” del mundo medieval es sustituida por una concepción en la que el hombre se convierte en la medida de todas las cosas. Dios deja de ser el centro de un universo que empieza a girar alrededor del hombre (antropocentrismo), resumida en la frase de Séneca “El hombre es algo sagrado para el hombre” (Homo homini sacra res), que constituye el lema de la Universidad Carlos III de Madrid. La consecuencia jurídica es que el derecho romano deja de ser sagrado, pierde su autoridad de ratio scripta y se convierte en un derecho histórico que solo resulta válido en la medida en que sus preceptos se adaptan racionalmente a las necesidades reales de los nuevos tiempos. Sus remedios pasan a ser pues “relativos”. Ya no se aplica a un problema jurídico una solución de derecho romano por el mero hecho de estar contenida en el Corpus iuris, sino en la medida en que sirve para resolver un litigio de forma eficaz.
Gracias a este movimiento de “racionalización” aparece, en el siglo XVI, una nueva aproximación al derecho. Antes, se aplicaba un texto jurídico romano extraído del Corpus Iuris justinianeo porque sí, aclarado en su caso con la interpretación ofrecida por un glosador o un postglosador prestigioso. Ahora, los humanistas consideran que un precepto jurídico solo debe aplicarse si esta interpretación tiene sentido. Frente a la vieja ciencia jurídica medieval basada en las “autoridades” del Ius commune, llamada "modo italiano" (Mos italicus), surge una nueva forma de afrontar las cuestiones jurídicas sobre una base estrictamente racional, denominada "manera francesa" (Mos gallicus) porque tiene en Francia a sus mejores portavoces, entre los que destacan Jacobo Cujas (1520-1590) y Guillermo Budeo (1467-1540), fundador de la llamada “Escuela de Bourges”.
La desmitificación del derecho romano provoca sin embargo una tremenda crisis jurídica, pues plantea la necesidad de encontrar un nuevo sentido al derecho. Desde el momento en que la Compilación justinianea y sus interpretaciones dejan de ser "sagradas", los juristas vuelven a hacerse la eterna pregunta de por qué un precepto jurídico es de obligado cumplimiento.
Aparece el “derecho positivo”
El Iusnaturalismo provoca una auténtica revolución en la concepción del derecho. De entrada, porque separa dos planos jurídicos diferenciados. El primero, el de las normas “naturales” abstractas que derivan de la razón, y el segundo el de los preceptos concretos que los tribunales aplican en la práctica para resolver los casos. La idea de “derecho natural” contrasta con la de “derecho positivo”, expresión que deriva del término latino positum que significa “posado”, “situado”, y que aplicado al derecho viene a significar que el derecho en abstracto (el derecho natural) se “positiva” en una ley, en un contrato o en una sentencia judicial. Como si se tratara de una foto que, mediante el revelado, se positiva en papel.
Pero el descubrimiento del derecho natural va mucho más allá. Surgido para superar el grave antagonismo de las guerras de religión que enfrentan de modo irreconciliable a protestantes y católicos, su objetivo principal es encontrar normas aceptables por ambos bandos, basadas en una idea natural de la justicia, aplicable a cualquier persona, por encima de sus creencias o de su lugar de procedencia.
El primero en desarrollar en Europa esta novedosa idea jurídica es un fraile dominico español, el catedrático de la Universidad de Salamanca Francisco de Vitoria (1486-1546), cuyos planteamientos serían acogidos por el holandés Hugo Grocio (1583-1645). El primero se plantea si es legítimo que los españoles ocupen las Indias e impongan su ley a los nativos, lo cual partiendo de un intelectual de la potencia conquistadora no está nada mal. El segundo dedica sus esfuerzos intelectuales a construir un derecho que se encuentre por encima de las vicisitudes religiosas y políticas.
En busca de la legitimidad perdida
Para encontrar la nueva legitimidad del derecho los iusnaturalistas tuvieron que resolver primero el problema de la justificación del poder del Estado. Maquiavelo había constatado la existencia del Estado y Bodino descubierto la noción de “soberanía”, pero ahora era necesario buscar una explicación alternativa a la narrativa que exigía obediencia a los reyes porque así lo había decidido Dios. Ahora que el hombre se había convertido en el centro del universo era preciso comprender por qué debía seguir obedeciendo al poder. La primera explicación convincente es la que ofrece Thomas Hobbes (1588-1679) quien, horrorizado por la Guerra civil inglesa que acaba con la ejecución de Carlos I, llega a la conclusión de que los hombres deben someterse al poder del estado para evitar que la sociedad se hunda en el caos.
En su canónico Leviatán (1651) Hobbes concibe el Estado como un monstruo imaginario creado por todos nosotros en virtud de un "pacto social” por el que renunciamos a nuestra libertad para preservar nuestra vida y nuestra hacienda, que de otro modo se verían amenazadas por el caos y la destrucción, dado que el hombre abandonado a sus instintos es un lobo para el hombre (homo homini lupus).
La explicación de Hobbes es convincente pero plantea un problema: concibe el pacto social de sumisión al monstruo del Estado como definitivo e irrenunciable, una vez acordado. Por ello otros pensadores como John Locke (1632-1704), esencialmente en sus Dos tratados sobre el Gobierno civil (1689) o Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) en su obra El contrato social (1762), perfeccionan el planteamiento hobbesiano al matizar que el pacto social no solo es reversible, ya que puede no renovarse si el Leviatán se vuelve tiránico, sino que contiene unas cláusulas irrenunciables que limitan su poder, una serie de derechos básicos fundamentales que quedan fuera del pacto de sumisión.
Hacia un derecho accesible
El Iusnaturalismo tiene también importantes consecuencias en el ámbito de la racionalización del derecho, ya que da pie a una vasta tarea de sistematización del conjunto de la materia jurídica, cuya primera etapa es la elaboración de las primeras exposiciones de derecho ordenadas racionalmente realizadas por juristas a título privado. El primero de estos tratados sistemáticos globales de derecho es el realizado por el ya mencionado Jean Domat (1625-1696), un juez francés, jansenista, que trabajó durante el reinado de Luis XIV y fue el primero en tratar de estructurar el derecho positivo de acuerdo con los grandes principios racionales del derecho natural. Inspirado en los Elementos universales de jurisprudencia (1660) de Samuel Pufendorf, Domat presupone que las normas de derecho positivo pueden clasificarse siguiendo un orden natural, y por ello publica en 1689 una obra cuyo título es suficientemente expresivo de su contenido: “Las leyes civiles en su orden natural" (“Les loix civiles dans leur ordre naturel”).
En la misma línea, pero ya a lo largo del siglo XVIII, los juristas de la Ilustración llevan hasta sus últimas consecuencias el ideal iusnaturalista de clasificar la materia jurídica e insertarla en un conjunto de leyes ordenadas. Se dedican a esta labor de racionalización global del derecho grandes juristas como Christian Wolff (1679-1754) o Roberto Pothier (1699-1772), quien escribió varios tratados relativos a diversas instituciones jurídicas, como la compraventa, el arrendamiento, el préstamo o el mandato.
Este trabajo de sistematización de la materia jurídica favorecería la aparición de los primeros Códigos ilustrados que, a diferencia de las tradicionales compilaciones legislativas, son textos estructurados racionalmente por materias con los que se persigue homogeneizar los diversos derechos históricos. Es el caso, por ejemplo, de la llamada Codificación prusiana de 1794, ordenada por Federico II el Grande, significativamente llamada “Derecho común para los Estados prusianos” (Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten). El paso siguiente sería la unificación del derecho nacional, algo que logra por vez primera Napoleón con su Code civil en 1804.
El principio de la codificación jurídica, como vía para acabar con el caos del derecho positivo propio de cada reino, se extenderá por toda Europa en el curso del siglo XIX, con la excepción de Inglaterra. Lo cual constituye una paradoja ya que la palabra “codificación” fue creada por el ya mencionado jurista y politólogo Jeremy Bentham (1748-1823).
Si bien Bentham no era del todo popular en su tierra, sí logró convertirse en una celebridad en el resto del mundo porque, con gran desparpajo, se dedicó a cartearse con algunos de los más destacados jefes de Estado y de gobierno de su época. Destaca su relación epistolar con el presidente norteamericano James Madison, con Simón Bolivar, José de San Martín, la propia emperatriz de Rusia Catalina la Grande, los reyes de España, Portugal, o Grecia, e incluso los miembros de la Asamblea nacional francesa revolucionaria. En España hay que mencionar su correspondencia con el político liberal, José María Queipo de Llano, conde de Toreno, con ocasión de los trabajos que culminaron en la redacción de nuestro primer Código penal, el de 1822.
Para que podáis haceros cargo de la gran fama y reputación que Bentham tenía en Europa baste con mencionar que hasta el propio Napoleón había leído parte de su obra por recomendación del inmenso Tayllerand, quien tenía una altísima opinión de él. La modélica codificación francesa es pues en buena medida fruto de la filosofía codificadora del utilitarista británico, aunque resulta patente no tanto en el Código civil de 1804 como en el Código Penal francés de 1810.
La oleada codificadora
La codificación en el sentido que propugnaba Bentham se puso en práctica por vez primera en Francia. Una proeza técnica que fue posible gracias al inmenso poder que logró acumular Napoleón, ya que los intentos revolucionarios de aprobar un código civil con base en los proyectos de Cambacérès de agosto de 1793 y septiembre de 1794, o el proyecto del Directorio de junio de 1796, tropezaron una y otra vez con el inconveniente de que estos textos técnicamente tan complejos se veían torpedeados constantemente por los ataques políticos que se sacudían unos y otros en las asambleas legislativas donde debían ser discutidos y aprobados.
El Código civil francés abrió la veda codificadora en toda Europa. El 1 de enero de 1812 entra en vigor un Código civil para el Imperio austríaco. El Reino de Italia surgido en 1861 se dota de su propio Código civil en 1865, y Portugal en 1867. En España, tras el fracaso del proyecto de García de Goyena de 1851, por la oposición de los territorios históricos que querían sustraer a la unificación jurídica nacional su propio derecho privado tradicional –algo que lograron al final con las “compilaciones forales-, la entrada en vigor del Código civil se retrasa hasta 1889, y solo se aprueba gracias al empeño personal del entonces Ministro de Justicia Manuel Alonso Martínez.
Con todo donde más se dilata la codificación es en los territorios alemanes como consecuencia del estallido de la ya aludida polémica entre Thibaut y Savigny, pues el “Libro de la ley civil” (Bürgerliches Gesetzbuch, o B.G.B.) no entra en vigor hasta el 1 de enero de 1900. El proceso de unificación alemana y la llegada al poder de Bismarck (1862-1890) resultaron decisivos para lograrlo.
¿Códigos o compilaciones?
La promulgación de los cuerpos legislativos ordenados, que los juristas continentales llamamos “códigos”, se ha convertido desde entonces en otro de los rasgos esenciales de nuestro sistema jurídico frente al Common Law.
Lo que realmente hace únicos a los códigos de la Europa continental no es tanto que recojan todo el derecho positivo vigente en cuerpos jurídicos ordenados accesibles, sino que nuestros códigos “abolen” el derecho anterior, esto es: hacen tabla rasa de todas las leyes previas a su promulgación. Algo que deja meridianamente claro, por ejemplo, el último artículo del Código civil español, el número 1976, al establecer de forma clara y rotunda que: "Quedan derogados todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituyen el derecho civil común en todas las materias que son objeto de este Código, y quedarán sin fuerza y vigor, así en su concepto de leyes directamente obligatorias como en el de derecho supletorio. Esta disposición no es aplicable a las leyes que en este Código se declaran subsistentes".
La pregunta obligada ahora es ¿A qué se debe este afán de partir de cero? Para entenderlo hemos de remitirnos, una vez más, a la Revolución francesa, y más concretamente al anhelo de sus protagonistas por abolir de un plumazo el derecho del Antiguo régimen. Superada la fase del universalismo político, desaparecido el poder del papa y de los emperadores, destronados los monarcas y erigidos los Estados en fuerza política dominante a partir de 1648, una de las prioridades del nuevo régimen fue la de construir un sistema jurídico que respondiera plenamente a los nuevos valores. La Codificación es en este sentido la culminación de la "nacionalización" del derecho, así aparece en cada uno de los Estados que surgen en el siglo XIX en el marco político de la Europa de las naciones.
La crisis de la "codificación"
Inicialmente, los códigos fueron para los juristas continentales casi tan sagrados como lo había sido la Compilación de Justiniano para los glosadores y postglosadores medievales. Así, generaciones de juristas vieron reducida su labor al estudio y aplicación de este derecho "cerrado." Algo particularmente claro en Francia donde hasta bien entrado el siglo XX la doctrina jurídica se limitó casi exclusivamente a aplicar e interpretar el Código de Napoleón en la llamada Escuela de la Exégesis -palabra griega que significa “explicación”-, expresión inicialmente acuñada por Julien Bonnecase (1878-1950).
Lógicamente con el paso del tiempo la idea que el derecho podía quedar reducido a unos cuerpos legales generales “cerrados” acabó entrando en crisis porque, como preveía lúcidamente Savigny en 1814, el derecho es algo vivo que evoluciona con la sociedad y que ineluctablemente tiene que adaptarse a los tiempos para seguir cumpliendo de modo eficaz su función.
Una legislación supersónica
En nuestros sistemas jurídicos contemporáneos, a pesar de los meritorios esfuerzos de los iusnaturalistas y de los juristas ilustrados, vuelve pues a reinar el caos, como consecuencia del desbordamiento normativo provocado por la "legislación motorizada", que ha hecho estallar las costuras del orden jurídico precipitándonos en la era de la anarquía y del despropósito legislativo.
En los sistemas jurídicos continentales (Civil Law systems) el crecimiento incontenible de la legislación acabó dejando fuera de los “códigos” una parte creciente del ordenamiento jurídico. No sólo porque hay sectores enteros del derecho que no han sido codificados como ocurre, por ejemplo, con el derecho administrativo, rama esencial del derecho contemporáneo en la que la verborrea incontinente de los legisladores hace inabarcable su codificación, sino porque es mucho más fácil adaptar la legislación a los tiempos a través de “leyes especiales” que desbordan el marco codificado general. Sobre todo, porque, como sabéis, la multiplicación de los legisladores a todos los niveles -municipal, regional, nacional, supranacional- hace que resulte simplemente imposible reunir en un solo cuerpo legal ordenado sistemático todo el derecho vigente. Por ello, como sugiere lúcidamente Natalino Irti, hemos entrado en la Era de la "descodificación".
El regreso de los juristas
Es en cierto modo paradójico que la crisis del modelo ideal de la codificación, como forma de simplificar el derecho para ponerlo al servicio del interés común, haya tenido como consecuencia benéfica que los juristas se hayan convertido de nuevo en pieza indispensable del juego jurídico. Y es que su labor se ha vuelto más que necesaria para que los ciudadanos de a pie podamos mantenernos mínimamente a flote en la tempestad del desbarajuste normativo.
Actualmente descubrir cuál es la norma que nos afecta a la hora de resolver un litigio concreto se ha convertido en un ejercicio tan complejo para el jurista como totalmente inasequible para el profano. Tantos poderes públicos legislando sobre lo mismo hacen que por lo general el ciudadano no tenga ni idea de qué ley debe obedecer, máxime cuando tan a menudo estas leyes concurrentes son contradictorias. Y ello a pesar de que cada sistema jurídico ha desarrollado toda una batería de reglas para paliar este caos. Ahí van algunos ejemplos. En principio una norma de rango superior (ley) prevalece frente a otra inferior (reglamento), una norma “especial” (ley sobre el seguro de vida) se aplica preferentemente frente a la ley general (regulación del contrato de seguro incluida en el Código civil), y una ley posterior deroga otra anterior. Sin embargo, esta última regla no siempre puede aplicarse con certeza ya que hay excepciones al principio de la no retroactividad de la ley como, por ejemplo, ocurre en el caso de la ley penal posterior que contempla una pena inferior para el reo, pues esta sí se aplica con carácter retroactivo. En resumen, un lío. Y es que como apuntaba Tayllerand “lo excesivo es insignificante.”
La moraleja de toda esta historia es que a día de hoy solo los buenos juristas independientes pueden poner remedio al desbarajuste de nuestros sistemas jurídicos contemporáneos, acometiendo la difícil tarea de hacer que el derecho vuelva a ser un instrumento asequible para resolver nuestras diferencias y asegurar la convivencia. Un dato para la esperanza es que la “codificación” dirigida a hacer accesible el derecho sigue siendo posible, como ha demostrado el jurista canadiense Paul-André Crépeau (1926-2011) a la hora de adaptar a los tiempos el Código civil de Quebec.
El derecho de esta Provincia francófona, que en gran medida sigue yendo por libre en el Estado federal canadiense, se basó inicialmente en el Código civil del Bajo Canadá, que entró en vigor en 1866, un año antes de que el país declarase su independencia del Reino Unido. Un texto elaborado por una Comisión de Codificación que se basó en los Códigos civil y de comercio de Napoleón y en la Costumbre de París. El paso de los años sin embargo convirtió este cuerpo legal en un instrumento obsoleto, obligando al Gobierno de Québec en 1955 a instar el inicio de un proceso de reforma que duraría hasta 1991.
La titánica tarea pudo llevarse a cabo gracias a que, entre 1974 y 1984, fue dirigida por Paul-André Crépeau, a la sazón director del Instituto de Derecho comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad de McGill en Montreal, quien tuvo la energía y la inteligencia de consultar a los mejores juristas de todo el mundo. El nuevo código tardó 3 años en entrar en vigor (entre 1991 y 1994) pero hoy la Provincia de Quebec –en el Canadá federal no se habla de Estados- tiene probablemente el mejor Código Civil de derecho continental (Civil Law) del mundo. Legislar bien sigue siendo posible, pero es muy complicado, requiere tiempo y, sobre todo, excelentes juristas que consigan mantener a raya a los poderes que quieren adueñarse del derecho. Porque son la mejor -¿la única?- garantía para alertar y prevenir a sus conciudadanos sobre los intentos de control por parte del “establishment” de este indispensable instrumento de resolución de conflictos.
ALGUNAS FECHAS
1517 Lutero expone sus 95 tesis en la Iglesia de Witemberg. Comienzo de la Reforma protestante.
1527 Muerte de Maquiavelo (El príncipe)
1534 Enrique VIII promulga la Ley de Supremacía. Separación de la Iglesia de Roma.
1546 Muerte de Francisco de Vitoria (Iusnaturalismo)
1572, 23 a 24 de agosto Noche de San Bartolomé
1576 Jean Bodin publica Los seis libros de la República (concepto de “soberanía”)
1590 Muerte de Jacques Cujas (Mos gallicus)
1618 Inicio de la Guerra de los Treinta Años
1645 Muerte de Hugo Grocio (Iusnaturalismo)
1648 Paz de Westfalia. Fin de la Guerra de los Treinta años.
1649 Ejecución de Carlos I de Inglaterra
1651 Publicación de El Leviatán de Thomas Hobbes
1689 John Locke publica los Dos Tratados sobre el Gobierno Civil. El mismo año Jean Domat publica “Las leyes civiles en su orden natural”
1767 Publicación de El contrato social de Jean-Jacques Rousseau
1794 “Derecho común para los Estados prusianos” (Codificación de Federico el Grande).
1804 Code civil de Napoleón.
1812 Código civil austríaco
1814 Savigny se opone a implantar el Código de Napoleón en Alemania.
1822 Primer Código español: Código Penal
1823 Muerte de Jeremy Bentham.
1861 Código civil italiano
1889 Código civil español
1900 Código Penal alemán (B.G.B).
1991-1994 Entrada en vigor del Código Civil de Québec (Canadá)
CONCEPTOS
Absolutismo democrático. Estado-nación. Ius proprium. Derecho nacional. Nacionalidad. Universalismo. Noventa y cinco tesis de Lutero. Noche de San Bartolomé. Paz de Westfalia. Antropocentrismo. Escuela de Bourges. Mos gallicus. Iusnaturalismo. Derecho positivo. El Leviatán. Dos Tratados sobre el Gobierno Civil. El contrato social. Las leyes civiles en su orden natural. Codificación. Códigos v. compilaciones. Escuela de la Exégesis. Era de la descodificación. Código Civil de Québec.
PREGUNTAS
1ª. ¿En qué se diferencia el Ius proprium del Ius Comune?
2ª. ¿En qué medida la Reforma protestante y las Guerras de religión favorecen el desarrollo del Ius proprium?
3ª. ¿En qué medida la Paz de Westfalia provoca un cambio en la concepción jurídica dominante?
4ª. ¿Cuál es la situación jurídica que Voltaire describe en la Francia de su tiempo?
5ª. ¿En qué se diferencia el “Mos gallicus” del “Mos Italicus.” Parte de explicar el concepto de Humanismo jurídico.
6ª. ¿Qué tiene que ver la crisis de las Guerras de religión con el surgimiento del “Iusnaturalismo”
7ª. Explica la relación entre el “Derecho natural” y el “Derecho positivo”
8ª. ¿En qué se diferencia la idea de pacto social de Hobbes de las de Locke y Rousseau?
9ª. ¿Por qué es importante Jeremy Bentham en la historia del Derecho? ¿Qué aporta a la ciencia jurídica?
10ª. ¿En qué se diferencia un “código” de una “compilación”? ¿Cuál es la esencia del “código”?
11ª. ¿Por qué es Napoleón el primero que logra promulgar un “código” en Francia? ¿Qué pasó con los intentos anteriores durante la Revolución francesa?
12ª. ¿Qué es la Escuela de la Exégesis? ¿Por qué ofrece una visión “estática” del derecho?
13ª. ¿Por qué entra en crisis la idea de “codificación”? Piensa en la postura de Savigny frente a la adopción del Código de Napoleón en Prusia.
14ª. ¿Cómo solucionan en la Provincia canadiense de Québec la “crisis de la codificación”?
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