Ya hemos visto como los reyes jueces se transforman en la etapa de la monarquía absoluta en reyes legisladores. Lo que no sabéis aún es que la apertura de la compuerta legislativa propició desde entonces una auténtica "inundación" legislativa de los sistemas jurídicos. Especialmente tras la Revolución francesa, momento en el que la máxima autoridad del Estado fue el Poder legislativo que mandaba mucho más que los monarcas absolutos porque podía cambiar cualquier ley anterior sin límite, mientras que los reyes de la etapa absolutista tenían que respetar ciertas reglas que no podían cambiar.
Una monarquía no tan absoluta
Si bien es cierto que a partir de la monarquía absoluta los reyes tienden a monopolizar la creación legislativa esto no implica que puedan hacer lo que les dé la gana. Como sabéis, el propio Luis XIV, prototipo del rey absoluto, necesitaba significativamente el acuerdo de los tribunales superiores de las diversas regiones francesas, los llamados parlamentos, para que éstos accediesen a registrar las leyes reales, trámite sin el cual las leyes reales no eran obligatorias. El rey Sol estaba jurídicamente bastante atado de pies y manos.
Y no solo por el poder de los parlamentos, sino porque el Rey sol estaba convencido de que, además, debía respetar las costumbres tradicionales locales, que, por cierto, estuvieron vigentes hasta la promulgación del Código civil de Napoleón en 1804. Y por si fuera poco también limitaban su poder las "Leyes Fundamentales" de la Monarquía, que incluían el orden sucesorio al trono y otras normas que regían el funcionamiento de la monarquía francesa, hasta el punto de que, con el tiempo fueron integrando una especie de "derecho constitucional" consuetudinario. Tal y como ocurre aún en el Reino Unido, estado que a día de hoy sigue sin tener una constitución escrita, por lo que su organización política se apoya en el respeto de su “constitución consuetudinaria”. Además tenía que respetar las "Leyes Naturales", como por ejemplo el respeto a la propiedad privada, que protegían la “honesta libertad de los franceses”.
Si ni siquiera Luis XIV, el paradigma de los reyes absolutos, tenía un poder "absolutamente" absoluto, ya que no podía derogar todo el derecho heredado de sus antepasados, esto cambia radicalmente a partir de la Revolución francesa. Es paradójico que un movimiento que surge para acabar con el poder absoluto de los reyes fuese el que a la postre permitiese que el Estado obtuviera un control total sobre el derecho, inaugurando la etapa del "absolutismo democrático," ideología que, en nombre de la soberanía nacional, propugna el sometimiento total del derecho al poder.
El absolutismo "democrático" sustituye al absolutismo regio
Todo empieza el 17 de junio de 1789 cuando los miembros de los Estados Generales representates del Tercer estado se juramentan para constituirse en Asamblea Nacional francesa que se erige en Poder legislativo “absoluto” en su condición de representante de la soberanía del pueblo francés y secomprometen ano separarse hasta haber aprobado una "constitución".. Lo que hacen en un frontón de Versalles, próximo a la sala donde se celebraban los Estados generales, cerrada por orden del rey Luis XVI. El famoso "Juramento del juego de pelota."
Esto significa que puede derogar cualquier norma, en la medida en que los revolucionaros franceses entendían que la ley es la “expresión de la voluntad general”, según recoge textualmente el artículo 6 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. En consecuencia no es extraño que la primera constitución francesa, la de 1791, delegara con carácter “exclusivo” en la Asamblea nacional el poder de proponer y decretar leyes (Título III, artículo 3).
Al final, de todo el caos y el desorden de la década revolucionaria (1789-1799) lo único realmente revolucionario en Francia fue precisamente el otorgamiento de ese poder sin límites a los titulares de la autoridad política. Un poder que les legitimaba para erradicar completamente el derecho del pasado, porque la revolución, como todas las revoluciones, exigía hacer borrón y cuenta nueva para construir una nueva realidad a partir de cero.
El resultado fue que, en nombre del absolutismo democrático, el derecho quedó a partir de 1789 totalmente supeditado a la política. Desde entonces ganar las elecciones supone adquirir la legitimidad para acabar con el pasado. La mala noticia es que el derecho pierde su independencia y queda a la merced del poder político. De ahí que, por ejemplo, no tardara en establecerse en la Francia revolucionaria una “dictadura” del Poder legislativo, que sería imitada en España por las Cortes de Cádiz (1810-1814), asamblea que, a pesar de no haber sido elegida, ya que lo impedía la ocupación militar francesa de España, y por ello la mayoría de sus miembros fue elegida por sorteo, se arrogó los plenos poderes del Estado y estableció lo que se conoce como “dictadura de las Cortes”. Concretamente desde que el 4 de diciembre de 1810 éstas se auto-otorgaron formalmente la “soberanía” y se dieron el título de “Majestad”, atribuyéndose no solo el poder legislativo sino el ejecutivo y todos los poderes de la nación. Un estado de cosas que duró hasta que Fernando VII, en mayo de 1814, restablece en Valencia el absolutismo regio "por decreto".
Lo realmente peligroso de todo esto es que la Revolución francesa introduce un peligroso precedente en relación con el derecho, porque asienta el principio de que quien vence en el combate político lo controla. Quien domina la Asamblea legislativa controla la ley y quien puede hacer la ley tiene en principio la sociedad a su merced, ya que controla el Estado. En cualquier caso, es a partir de entonces cuando la "ley" se consolida abiertamente como mandato político.
Unos jueces sometidos a la ley
El establecimiento del absolutismo legislativo en su versión "democrática" se radicaliza aún más por el hecho de que los revolucionarios franceses pusieron en cuarentena a los jueces, sometiéndolos sin paliativos a los designios del legislador. El pretexto fue que los juzgadores, a diferencia de los miembros de la Asamblea legislativa, no eran elegidos, y por tanto, con arreglo al ideario revolucionario, carecían de legitimidad democrática y debían someterse totalmente a la ley.
Es significativo que el artículo 5 del Código civil de Napoleón de 1804 prohíba taxativamente a los jueces dar sentencias “por vía de disposición general y reglamentaria”. Lo que significa que desde entonces los jueces franceses solo tienen poder para resolver el caso concreto, por ello su decisión no puede tener el valor de una ley, o disposición con validez general. En la práctica ello supone declarar la invalidez del principio del precedente judicial (stare decisis) y evidencia, con luz y taquígrafos, la alergia que los revolucionarios franceses tenían a la creación judicial del derecho. Con una rotundidad aún mayor, el Código civil español niega a la “jurisprudencia” (entendida como sentencias de los jueces) su condición de fuente del derecho pues prohíbe que los fallos judiciales se basen en la equidad. En el sistema jurídico español, las únicas fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho (artículo 1.1 del Código civil español). La jurisprudencia sirve para complementar e interpretar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho pero no se deja libertad a los jueces, porque se les impone seguir el criterio del Tribunal Supremo (art. 1.6 del CCE). Los jueces tienen que atenerse al sistema de fuentes establecido (artículo 1.7 del CCE), a los criterios que la ley establece para interpretar las normas (art. 3.1 CCE) y no pueden basar sus sentencias exclusivamente en la equidad (art. 3.2 ). Los jueces en el sistema jurídico español están en principio maniatados legislativamente.
Aunque esta sumisión se ha visto recientemente en parte atenuada por dos motivos. En primer lugar porque desde el último tercio del siglo XX se ha generalizado en Europa la Jurisdicción constitucional, que permite denunciar ante los Tribunales constitucionales la posible "inconstitucionalidad de las leyes." Es lo que se llama el "control de constitucionalidad."
Y por otra parte la formación de la Unión europea ha impuesto que los ciudadanos y jueces de los Estados miembros puedan denunciar las leyes de sus Estados nacionales por ser contrarias a las normas de los Tratados comunitarios y al derecho derivado de los mismos (Directivas y Reglamentos). Los jueces nacionales pueden por tanto ejercitar lo que se conoce como "control de convencionalidad", así llamado porque el Derecho comunitario se basa en Convenciones o tratados.
Podría pensarse ingenuamente que al ser la asamblea legislativa fruto de unas elecciones el Poder ejecutivo está sometido a sus "leyes", porque ley es la expresión de la voluntad general. Y es que aprobar "consensuadamente" una ley, en virtud del viejo principio feudal de la legislación pactada, lleva sus trámites, pues requiere que una mayoría de diputados se ponga de acuerdo en la Asamblea legislativa, lo que no siempre resulta fácil de conseguir. El gobierno de asamblea es problemático y por eso el triunfo de los revolucionarios franceses no se traduce inicialmente en una multiplicación de las leyes. La Revolución francesa no solo frena en seco el poder del rey, sino que rechaza cualquier modelo de gobierno basado en un Poder ejecutivo fuerte. En efecto, entre 1789 y 1799, no existe un gobierno fuerte en Francia, lo que explica el caos del período, al menos hasta que llegó Napoleón.
Y llegó Napoleón
Napoleón, tras dar el golpe de estado que le llevó al poder en noviembre de 1799, se preocupó desde el primer momento en tener las manos libres para dar las leyes que le diese la gana. Tras controlar el marco constitucional Napoleón se hizo muy fácilmente con el resto del derecho por la vía de controlar el poder legislativo, recurriendo al viejo principio del "divide y vencerás".
Si la Revolución francesa de 1789 estableció la Asamblea nacional como único poder legislativo, Napoleón multiplicó las asambleas y los cuerpos legislativos creando nada menos que cuatro: el Consejo de los Antiguos, el Cuerpo legislativo, el Tribunado, y el Senado. Todas estas asambleas competían entre sí, y al final el que partía el bacalao era el propio Napoleón. En realidad, la legislación dependía de él y de un consejo asesor restringido: su poderoso Consejo de Estado, heredado directamente del Consejo real de Luis XIV. Napoleón no solo se puso el manto de armiño del Rey Sol, sino que también imitó su forma de legislar. No nos engañemos, en realidad el corso era mucho más poderoso que el hispano-francés Luis XIV, ya que no estaba sometido a las Leyes Fundamentales, ni a las Naturales, ni a la costumbre.
La buena noticia es que Napoleón pudo transformar Francia de la cabeza a los pies, a golpe de decreto. El Estado francés actual no procede de la Revolución sino de la reforma napoleónica. Y también el sistema jurídico, ya que el “empereur” logró la hazaña de aprobar su Code civil en 1804, haciendo tabla rasa de todo el derecho privado francés anterior. Acontecimiento que, como veremos en el episodio siguiente, fue un hito decisivo en la historia de los estados-nación occidentales y sus respectivos sistemas jurídicos.
La mala noticia es que el poder político pasó a controlar la ley ya que esta dejó de ser la expresión de la voluntad general para quedar cada vez más en manos del gobierno. Inventa lege, inventa fraude, o como se dice en español castizo: “hecha la ley hecha la trampa.”
El viejo engaño de la legislación delegada
El problema de tener un Poder Legislativo todopoderoso es que es un engorro para gobernar. Por eso los políticos acaban ingeniándoselas como pueden para poder legislar de modo unilateral sin tener que pasar por el control del Parlamento. La pregunta es ¿cómo lo hacen? Y ahí el ingenio de los gobiernos es realmente asombroso.
La primera trampa, como sabemos, la inventan los romanos con la Lex imperio Vespasiani que instaura la delegación legislativa. Desde hace dos mil años nuestros políticos saben que el camino a seguir es que la asamblea legislativa autorice al Poder ejecutivo a dar leyes en su nombre. Por eso hoy en día sigue existiendo la técnica de la “legislación delegada.”
Aunque al aumentar las necesidades legislativas del poder los políticos se inventaron una nueva forma de ampliar sus prerrogativas legislativas con el pretexto de la “urgencia.” Gracias a esta idea de necesidad el Gobierno se arroga la competencia de dar leyes como si fuera el Poder legislativo cuando las circunstancias no permiten esperar a que se desarrolle todo el proceso de aprobación de una ley por el Congreso de los diputados.
El coladero de la legislación de urgencia
Otra forma de sortear la división de poderes y permitir al Ejecutivo dictar disposiciones de valor legislativo es alegar que concurren razones de urgencia y que por ello el gobierno puede dar normas legislativas directas sin autorización previa de la Asamblea legislativa. Eso sí estas normas aprobadas por razones de urgencia tienen validez temporal pues deben ser ratificadas por el Poder legislativo, sin lo cual "decaen". Las medidas de confinamiento por Coronavirus, por ejemplo, han sido dictadas por el Gobierno español mediante un decreto-ley. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19. Publicado en el Boletín Oficial del Estado de 1 de abril. Y ya de paso el nuevo impuesto de plusvalía municipal que sustituye al declarado inconstitucional.
El equivalente en Francia es el término “ordenanza” (ordonnance), palabra que cambió de significado -respecto de las Ordenanzas del Gran Colbert, el ministro de Luis XIV- ya que el término sirve hoy para designar las normas que el gobierno aprueba directamente con fuerza de ley sin pasar por la Asamblea nacional. La vía de la legislación por ordonnances se recupera en Francia entre 1815 y 1848, sobre todo tras el regreso de la Monarquía, como una forma de evitar el freno que supone el monopolio del Poder legislativo sobre la creación normativa. Todavía en la Francia de la V República (1958) continúan utilizándose las “Ordonnances” sometidas al proceso previo de la Ley de habilitación, en aquellos casos en los que el gobierno quiere aprobar una ley urgentemente sin tener que esperar al desarrollo de todo el proceso legislativo. Es lo que, por ejemplo, hizo en 2017 el Presidente Macron con la reforma del "Código del Trabajo" con la que liberalizaba en gran medida las relaciones entre empresarios y empleados, ciento siete años después de la aparición del primer Código del trabajo en Francia, surgido inicialmente en 1910 que abrió la vía a una proliferación legislativa que reguló hasta la asfixia las relaciones laborales. Concretamente con el Code du travail et de la prévoyance sociale, adoptado por la ley de 28 de diciembre de 1910. La liberalización de la legislación laboral la llevó a cabo el Gobierno Philippe cumpliendo una promesa electoral de Macron, aprobando nada menos que 5 ordenanzas sucesivas el 22 de septiembre de 2017. A pesar de las protestas sociales, la vía del “decreto ley” fue declarada constitucional por el Consejo constitucional (Decisión nº 2017-751 de 7 de septiembre).
Es significativo que la posibilidad de dar leyes directamente por motivos de urgencia existe incluso en el país que mejor respeta el principio de la separación de poderes, los Estados Unidos, a través de la figura de las “Órdenes ejecutivas” (Executive orders), que a pesar de no estar expresamente previstas en la Constitución federal. La única base de este exorbitante poder legislativo presidencia radica en la Claúsula 5 de la Sección 3ª del Artículo II donde se establece que el Presidente de los Estados Unidos debe “Cuidar de que las leyes se ejecuten fielmente” (“take care that the laws be faithfully executed”). Es lo que técnicamente se denomina la Cláusula de la Ejecución fiel (Faithful Execution Clause).
Pues bine, con tan tenue base constitucional las "Órdenes ejecutivas" han sido utilizadas por prácticamente todos los Presidentes norteamericanos. Por poner algunos ejemplos: George Washington firmó 8, Thomas Jefferson 4, J. F. Kennedy 214, Ronald Reagan 381 y Barack Obama 276, más que Donald Trump que en febrero de 2020 llevaba solo 142. En virtud de otra orden ejecutiva congeló los activos financieros de Maduro en los Estados Unidos.
El número de órdenes ejecutivas sube en Estados Unidos notablemente en períodos de crisis y alcanza su apogeo en el período 1914-1940, como demuestra que Woodrow Wilson, el presidente que reorganiza el mundo tras la Primera Guerra mundial, firmase nada menos que 1803. Aunque quien se lleva la palma con diferencia es Franklin Delano Roosevelt al promulgar nada menos que 3.522. Algo comprensible en el marco de la implantación de la política del New Deal con la que trata de frenar la pavorosa crisis de 1929.
El intervencionismo en el ámbito económico y social se consolidará de modo más amplio y profundo en Europa a partir de 1945, con el surgimiento del llamado Estado del bienestar. Por supuesto la intervención estatal en los ámbitos económico y social tiene como consecuencia una multiplicación exponencial de las normas legislativas de todo pelo y condición, producidas no solo por el poder legislativo sino también, y sobre todo, por el Poder ejecutivo, gracias a un invento legislativo nuevo: el Reglamento.
“Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”
Cuando Napoleón toma el poder en 1799 su objetivo principal es crear un Poder ejecutivo extraordinariamente poderoso. Lo logra controlando el ámbito constitucional en sus tres constituciones de 1799, 1802 y 1804, y “dominando” la creación legislativa desde su Consejo de estado, el heredero del Consejo de arriba de Luis XIV. Sus funcionarios le preparaban las leyes, pero Napoleón, en la línea del Rey sol tenían la iniciativa y la última palabra. Sobre todo Napoleón quien llegó a redactar de su propio puño y letra artículos enteros del Código civil de 1804.
Pero si la obra de Napoleón perduró fue sobre todo porque desarrolló un impresionante aparato estatal: la Administración Pública. Una colosal estructura de poder en la que aún se asienta graníticamente el todopoderoso Estado francés. Napoleón cayó definitivamente en 1815 tras ser derrotado en Waterloo. Después vinieron la Monarquía absoluta, la Monarquía constitucional de Luis Felipe de Orleans, la Segunda República, el Segundo Imperio de Napoleón III, la Tercera, Cuarta y Quinta repúblicas. Los regímenes políticos se sucedieron en la escena de la historia, pero la Administración pública de l`État français permaneció incólume frente al vaivén político. El Gobierno cambia, pero la Administración permanece.
Una Administración que controla el derecho con sus propias normas y jueces
El aumento considerable del volumen del Estado, propiciado por el surgimiento de un Poder ejecutivo fuerte, y asistido por un descomunal aparato administrativo, provoca un desmesurado aumento del control que el Estado ejerce sobre el derecho. Una tendencia que se ve potenciada por otro invento de Napoleón, quien en su obsesión por desarrollar un Estado potente no duda en obviar la separación de poderes al imponer que el Ejecutivo se dote de sus propios jueces creando una jurisdicción especial: la contencioso-administrativa, que a día de hoy, y en virtud de esta peculiar interpretación del principio de la separación de poderes determina que en Francia exista, frente a la jurisdicción ordinaria civil y penal, una potente Jurisdicción Administrativa autónoma cuyo órgano supremo sigue siendo el Consejo de estado creado por Napoleón.
En el mismo registro Napoleón entiende que la Administración del Estado debe tener capacidad de legislar, para dictar sus propias normas: los reglamentos. Por eso, junto a la legislación delegada y los decretos-leyes dictados por razones de urgencia, la competencia legislativa del Poder ejecutivo se multiplica exponencialmente gracias a los “reglamentos”, unas normas especiales que son elaboradas no por el Poder legislativo sino directamente por el Poder ejecutivo, sin necesidad de autorización previa o de convalidación posterior por parte del Legislador.
Es cierto que los reglamentos, al no ser leyes en sentido formal, por no proceder del Legislativo, constituyen una categoría de normas de rango inferior. Sin embargo, ello no impide que la legislación reglamentaria sea un invento utilísimo para el Poder ejecutivo. En teoría las grandes leyes decisivas siguen siendo las aprobadas por el Poder legislativo, sin embargo, en el día a día el Gobierno puede dictar normas reglamentarias. La separación de poderes de la Revolución francesa quedaba formalmente a salvo porque en principio una norma de rango reglamentario no podía ir en contra de una ley aprobada por el Legislativo. Es lo que se conoce con el nombre de principio de jerarquía normativa. En la práctica sin embargo la vía reglamentaria se ha convertido en la forma ordinaria de legislar.
Pandemia reglamentaria
Aunque la "potestad legislativa" siguió siendo competencia del Poder legislativo, gracias a que el Ejecutivo se hizo con la "potestad reglamentaria" la legislación subalterna se convierte desde entonces en la más abundante del Estado porque permite desarrollar al máximo la gran Administración estatal sin injerencias por parte de las asambleas representativas. De ahí que la vía reglamentaria resulte decisiva a la hora de favorecer el pleno control del derecho por parte del Estado. Y no solo en Francia. Otro ejemplo significativo es el del Estado-nación español que se desarrolla jurídicamente desde mediados del siglo XIX al margen de las Cortes, gracias a la iniciativa del general Narváez (1799-1868), quien lo construye a base de decretos reglamentarios. Es el poder Ejecutivo y no el Legislativo quien asienta las bases del aparato estatal.
Así, por ejemplo, la Guardia civil –así llamada para diferenciarla de la “guardia nacional”, fuerza militar creada por los gobiernos liberales-, que sigue siendo la principal fuerza encargada de mantener el orden público del Estado español, no es creada por una ley de cortes sino por una norma administrativa: el Real Decreto de 13 de mayo de 1844.
Lo que determinó a las Autonomías más nacionalistas, el País Vasco y Cataluña, a crear, al amparo del régimen de 1978, sus propios cuerpos de orden público: la Ertzainza – término formado de las palabras “herria” pueblo y “zaintza” cuidado- y los Mossos d’Esquadra.
En este último caso se trata paradójicamente de la recuperación de un cuerpo policial creado el 21 de abril de 1719 por Felipe V, el rey español que acaba con las instituciones y el derecho catalán. Prueba palmaria de que la policía es el núcleo medular del estado, el brazo mediante el que aplica la ley.
Otra ventaja indiscutible de la potestad reglamentaria, es que permite al Ejecutivo zafarse con una facilidad considerable del control de la Asamblea representativa. De hecho, por la vía del reglamento se puede controlar casi todo, como reconocía cínicamente el conde de Romanones (1863-1950), político español que presidió varios Gobiernos del rey Alfonso XIII en las dos primeras décadas del siglo XX, y que espetaba con total desparpajo a sus adversarios políticos su conocida frase: "Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento" Una afirmación que refleja perfectamente cómo la inmensa mayoría de la creación legislativa queda en manos del Gobierno.
El dominio que el Ejecutivo ejerce sobre la legislación se ha visto notoriamente reforzado desde la segunda mitad del siglo XX. Un ejemplo paradigmático es la Vª República francesa, creada en 1958 por el General De Gaulle con un sesgo marcadamente presidencialista que se traduce en una manifiesta reducción del poder de la Asamblea nacional y un considerable refuerzo del gobierno. Una tendencia consolidada con la reforma constitucional de 1962 que permite la elección directa del Presidente de la República y en consecuencia refuerza el gobierno unipersonal del ejecutivo frente al régimen de asamblea. No os extrañéis si algunos han llegado a definir el actual régimen francés como una república neo-bonapartista.
Pues bien, uno de los rasgos más sobresalientes del régimen gaullista es que los reglamentos se independizan de las leyes, ya que en la Constitución de 1958 se crean una serie de áreas legislativas que pueden ser directamente reguladas por la vía reglamentaria, sin necesidad de contar con una ley previa que las legitime. Esto significa que en Francia a día de hoy existe una potestad reglamentaria “autónoma” en manos del Ejecutivo. (Artículo 37 de la Constitución de 1958).
Los satélites legislativos del Estado
Este crecimiento de la Administración y de sus leyes no es ni mucho menos exclusivo de la Francia heredera del Estado napoleónico, sino que triunfa en todo el mundo. Incluso en Estados Unidos, el paradigma de la separación de poderes, donde a diferencia de lo que ocurre en los sistemas parlamentarios, el poder legislativo y el poder ejecutivo se eligen independiente y separadamente (Sistema presidencialista). Y es que, a pesar de que la genuina concepción política norteamericana tradicional se resume en la conocida frase de Henry David Thoreau (1817-1862) incluida en su obra Desobediencia civil (1849), que "el mejor gobierno es el que menos gobierna", en el curso del siglo XX se han multiplicado en el Estado norteamericano, junto a la Administración general, unas administraciones independientes: las Agencias federales. Es el caso de el FBI (1908), la CIA (1947), la NSA (1952), o la DEA (1973) que se han convertido en colosales organismos públicos independientes que permiten al Gobierno federal imponerse administrativamente a los Estados.
El modelo ha sido importado por los gobiernos europeos y ha favorecido que funciones importantes de la Administración se encarguen a organismos independientes entre los que se cuenta: la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o el Servicio nacional de empleo, entre otros. Una consecuencia directa de la creación de estos “satélites” administrativos del poder público es el crecimiento exponencial normativo.
La era de la “legislación motorizada”
El exorbitante y monstruoso crecimiento del aparato administrativo de los Estados contemporáneos ha hecho explosionar el volumen de normas legislativas que crecen de forma demencialmente exponencial. Algo que comprendió perfectamente el jurista y politógolo alemán Carl Schmitt (1888-1985) al definir nuestra época como la de la “Legislación motorizada”.
El hecho de que la Administración central y cada una de sus administraciones satélite legislen de forma tan desaforada multiplica extraordinariamente el número de disposiciones legislativas de todo pelaje y condición, con el consiguiente desmadre legislativo que hace de todo punto imposible abarcar todo el derecho vigente y convierte los sistemas jurídicos contemporáneos en monstruos inaccesibles para el ciudadano de a pie.
Hoy se gobierna a golpe de legislación. Las grandes armas del Gobierno son los diarios oficiales en los que se publican diariamente una inagotable profusión de normas. Son la varita mágica del Estado ya que confieren validez jurídica a cualquier acto o decreto que aparece en sus páginas.
Para que os hagáis una idea de lo que supone este “despiporre” legislativo quiero traer a colación un estudio reciente del Banco de España donde muestra con datos concretos cómo la Administración española se ha convertido en una elefantiásica “fábrica de legislación”. Ojo al dato. Solo en el año 2018 el Estado, las comunidades autónomas y la administración provincial y local produjeron en su conjunto 11.373 normas. Ello supone que en 40 años se ha cuadruplicado la producción normativa anual, pues en 1978, al inicio del período democrático todas las administraciones españolas aprobaron 3.012 normas. El balance es aterrador si tenemos en cuenta que haciendo números nos damos cuenta que, en cuarenta años, entre 1979 y 2018, se aprobaron en España 364.267 normas de lo más variopinto que van desde las leyes orgánicas que desarrollan la constitución, a leyes ordinarias, decretos leyes, leyes autonómicas, decretos legislativos regionales, decretos forales y ordenanzas municipales. El estudio concluye que esta sobrerregulación, agravada por la fragmentación normativa, afecta a la productividad y eficiencia de las empresas, reduce el potencial de crecimiento de la economía, eleva la ineficiencia de la Administración y conduce también a un colapso de la Justicia.
ALGUNAS FECHAS:
17 de junio de 1789 Los estados generales franceses se convierten en Asamblea Nacional.
1787 Constitución federal norteamericana
1791 Primera constitución francesa
1799 (Noviembre) Golpe de Estado de Napoleón (hasta 1815)
1804 Code civil de Napoleón
1810-1814 Cortes de Cádiz
13 de mayo de 1844. Real Decreto de creación de la Guardia civil
1863-1950 Conde de Romanones
1888-1985 Carl Schmitt
1958 Quinta república francesa
CONCEPTOS:
Parlamentos franceses (derecho de registro).
Leyes Fundamentales
Absolutismo democrático
Dictadura de las cortes (de Cádiz)
Control de constitucionalidad
Control de convencionalidad
Inventa lege, inventa fraude
Legislación delegada
Legislación de urgencia
Decretos leyes (España)
Ordenanzas (Francia)
Órdenes ejecutivas (EEUU)
Administración del Estado
Jurisdicción contencioso-administrativa
Reglamentos
Agencias estatales (Satélites de la Administración del Estado)
ALGUNAS PREGUNTAS:
1ª. ¿Por qué Luis XIV no era "jurídicamente" un monarca tan absoluto como pudiera parecer a primera vista?
2ª. ¿En qué se diferencia el "Absolutismo democrático" que instaura la Revolución francesa, del absolutismo de los monarcas absolutos del "Ancien Régime"?
3ª. ¿En qué textos se basa el Poder legislativo de la nueva Asamblea Nacional francesa? Diferencia el tipo de textos según su valor jurídico.
4ª. ¿Por qué el establecimiento del "absolutismo democrático" fue una mala noticia para el derecho?
5ª. ¿Cuál es la posición de los jueces franceses, tras la Revolución francesa? ¿Es compatible con el stare decisis?
6ª. Pueden los jueces españoles, actualmente, basar sus sentencias en el principio de equidad, como ocurría con los "alcaldes" medievales"?
7ª. ¿En qué medida el establecimiento de los controles de constitucionalidad y convencionalidad de las leyes ha reforzado el papel de los jueces en Europa desde el último tercio del siglo XX?
8ª. ¿Cómo consigue Napoleón controlar el Poder Legislativo, a partir de su toma del poder en noviembre de 1799?
9ª. ¿Cómo logran los Gobiernos (Poder ejecutivo) a partir de Napoleón limitar el Poder legislativo de las asambleas? ¿Cuáles son los instrumentos "legislativos" utilizados?. Nombra los tres que usan y describe cómo funcionan.
10ª. ¿En qué disposición constitucional se basa el poder que tienen los Presidentes de los Estados Unidos de dar "Executive Orders"?
11ª. ¿Por qué Francia es el país donde el poder reglamentario de la Administración es el más fuerte?
12ª. ¿En qué medida la organización administrativa de los Estados ha favorecido la explosión legislativa que ha llevado a lo que Carl Schmitt llamaba la "legislación motorizada"?
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