Uno de los rasgos de la Europa feudal es que los reyes basaban su poder y supremacía en ser los representantes de la autoridad divina, Por eso la ceremonia de su coronación incluía el rito de la "unción" -porque al rey se le ungía con los óleos sagrados- que confirmaba el origen divino del oficio real. Aún el 2 de junio de 1953 Isabel II de Inglaterra fue ungida en la Abadía de Westminster, haciendo honor a la divisa de la monarquía inglesa "Dieu et mon Droit".
La mala noticia para estos monarcas fue que como representantes de Dios en la Tierra, estos reyes divinizados estaban obligados a respetar el orden divino de la Creación. Y eso incluía el derecho, que consistía esencialmente, como hemos visto en el último episodio, en el respeto al orden inmemorial sancionado por la costumbre. En la era feudal los monarcas sencillamente no podían legislar lo que les viniese en gana. Su papel en relación con el derecho no era promulgar normas legales sino “proteger” el orden divino. De hecho, incluso estaban “obligados” a hacerlo, en su condición de representantes del juez supremo: Dios. Los reyes medievales en consecuencia no eran legisladores sino que se limitaban a administrar justicia sobre la Tierra en nombre de Dios.
En una sociedad teocéntrica el rey no puede dar leyes, porque el derecho, como todo lo demás, lo ha creado Dios. Sin embargo, el monarca está obligado a administrar justicia en nombre de Dios, porque su función esencial es hacer respetar el orden de la creación. Y, claro está, los reyes-jueces aprovecharon esta circunstancia para imponer su justicia frente a la feudal y local.
Es lo que hizo por ejemplo el monarca castellano Alfonso X el Sabio (1252-1284), que quiso pasar a la historia como el primer rey legislador de su reino, inicialmente con poco éxito.
2. De Alfonso X el Sabio a Felipe V: el caso español
Castilla, como tierra de frontera -de ahí su nombre como tierra de fortalezas o "castillos"- es hasta el siglo XIII, en expresión del historiador del derecho español Galo Sánchez, una “tierra sin leyes”. Esto significa que sus habitantes no están sometidos al derecho impuesto por una autoridad regia o señorial, fundamentalmente porque la reconquista y la acuciante necesidad de repoblar tierras yermas aseguran que la mayor parte de los campesinos sean hombres libres con capacidad de resolver sus propios litigios recurriendo a sus "alcaldes" (en el sentido medieval de jueces, no en el actual de jefes del ejecutivo municipal). Y es que, como advierte Rafael Gibert, el derecho municipal de Castilla es el paradigma del derecho autónomo impuesto por la propia comunidad que lo administra.
No obstante, cuando a partir de la batalla de Las Navas de Tolosa (1212) la Reconquista ya es irreversible los reyes cristianos pueden permitirse el lujo de tratar de recuperar el terreno perdido frente a los nobles y las ciudades. Es en esta época cuando Alfonso X “el Sabio" (1252-1284) accede al trono castellano y trata de erigirse en el primer monarca legislador frente a los nobles y las ciudades "libres". Así elabora algunas “leyes”, como el Fuero real y, sobre todo, las famosas Siete Partidas, ambas destinadas a sustituir al viejo derecho consuetudinario creado por los jueces que fallaban de acuerdo con su propio sentido de la justicia (de albedrío). Sin embargo, era aún demasiado pronto. Alfonso X fracasa en el intento porque las fuerzas vivas del reino, los nobles y las ciudades, no aceptan su pretensión de imponer un derecho legislado por el rey que restringe su tradicional autonomía jurídica. De hecho, Alfonso X acabó tristemente su reinado acosado por quienes no querían ser despojados de su viejo derecho. Hasta su propio hijo Sancho, que por algo se llamaba "el Bravo", y que acabó reinando con el nombre de Sancho IV (1284-1295), se rebeló contra su padre y acabó arrastrando a casi todo el reino. Cuando el Rey sabio muere en 1284 Sevilla era la única ciudad que seguía reconociendo su autoridad. Por eso cuenta la leyenda que en recompensa a su fidelidad Alfonso X otorgó a la ciudad un jeroglífico que hasta hoy constituye el lema de la ciudad: “NO-madeja-DO”.
Lo interesante del caso es que si Alfonso X no logró imponerse como rey legislador, a la postre triunfó como “rey juez”, porque logró extender las competencias de la jurisdicción real. De entrada, en las Cortes de Zamora de 1274, donde logra que los representantes de las ciudades y la nobleza acepten que los crímenes más graves debían ser juzgados siempre por un juez real, de ahí que este tipo de delitos pasaran a denominarse "casos de corte" (real). Un éxito que remata al conseguir imponer a los estamentos tradicionales la creación de la figura de los jueces ("alcaldes") reales o “de corte”.
Este triunfo "jurisdiccional" no tardó en verse acompañado por una victoria "legislativa" ya que gracias a ella uno de sus denostados textos legales, el Fuero Real, inicialmente concebido como un derecho local dictado por el rey para sustituir los viejos fueros tradicionales, acabó convirtiéndose en el derecho procesal de los tribunales regios. Así lo prueban las llamadas "Leyes del Estilo", un conjunto de aclaraciones –“estilo” es, según el DRAE, un “modo, manera, forma de comportamiento”- acerca de cómo debía aplicarse en los tribunales reales el Fuero real. El derecho del rey no había podido entrar por la puerta principal pero lo hizo por la de atrás.
La jurisdicción regia acabaría de consolidarse en Castilla como la principal del reino cien años después gracias a la reforma jurisdiccional de Enrique II quien creó en 1371 la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, un modelo de tribunal que se extendería a todo el reino, castellano e incluso a los reinos "pactistas" de la Corona de Aragón. Fernando el Católico crea la Audiencia de Cataluña en 1495 y la Valencia en 1506. Carlos I reorganiza la Audiencia de Aragón en 1528 y Felipe II crea la Audiencia de Mallorca en 1571.
Y a mayor abundamiento la “unificación española,” que se logra más de tres siglos después, tras la victoria de Felipe V sobre los territorios rebeldes de la antigua Corona de Aragón en la Guerra de Sucesión de España (1704-1714), alcanza su colofón jurídico, una vez más, por la vía jurisdiccional. Concretamente a través de los Decretos de Nueva Planta, dados por el rey victorioso con el pretexto de reorganizar (dar una "nueva planta"), las Reales audiencias de Valencia (1707), Aragón (1711), Mallorca (1715) y Cataluña (1716), asimilándolas al modelo castellano de tribunales en los que el rey tenía mucho más poder. Apoyándose en la legitimidad que le había dado el ganar la guerra contra sus súbditos rebeldes (en virtud del llamado “derecho de conquista”) Felipe V impone el derecho castellano, aunque “formalmente” lo hace recurriendo, una vez más, en la línea de Alfonso X -más de cuatrocientos años después-, a la vía “procesal”, reformando la administración de justicia.
3. El caso especial de Inglaterra
Inglaterra entra en una dinámica particular en 1066 como consecuencia de su conquista por Guillermo el conquistador, quien derrota a Harold, último rey anglosajón en la decisiva batalla de Hastings. Más que la victoria militar en sí, lo que resultó trascendente para Inglaterra fue que su nuevo monarca reorganizó el reino en profundidad buscando reforzar considerablemente la autoridad real. Algo que consiguió gracias a que supo combinar hábilmente instituciones autóctonas anglosajonas con otras importadas de Normandía.
Desde el primer momento uno de los objetivos de Guillermo el conquistador (1066-1087) fue extender los límites de la justicia real y limitar el poder de las autoridades locales. De entrada, logró completar en 1086 un inventario preciso de todo su reino en el famoso Libro del juicio final (Doomesday book), lo cual era toda una gesta si consideramos los precarios medios de los que disponían los reyes medievales en aquella época. Con ello Guillermo no solo demostró pragmatismo, capacidad y una eficacia administrativa sin igual en la Europa de entonces, sino que logró mejorar notablemente la recaudación de impuestos e iniciar un programa de reformas dirigidas a crear un gobierno fuerte y centralizado. El siguiente paso fue crear una jurisdicción real potente.
Las reformas de Guillermo el Conquistador en el ámbito jurídico llegan a su punto culminante con Enrique II (1154-1189), un rey de origen francés, no solo porque se apellidaba Plantagenet sino porque nunca aprendió a hablar inglés, ya que durante toda su vida solo se expresó, en privado, en su lengua materna, el francés, y en público en latín, el idioma de la gente con estudios. Enrique II desde los orígenes de su reinado trató de alejarse del caos y la guerra civil que habían sido la tónica dominante durante el reinado del rey Esteban (1135-1144). Su objetivo prioritario fue consolidar la supremacía real sobre los nobles feudales, las autoridades locales e incluso sobre la Iglesia católica romana. Así, por ejemplo, no dudó en nombrar arzobispo de Canterbury, entonces la máxima autoridad eclesiástica inglesa, a su amigo de juventud Thomas Beckett (1118-1170), para luego mandarlo asesinar cuando Beckett no quiso colaborar en el sometimiento de la Iglesia a la autoridad del rey.
El relativismo religioso de Enrique II le llevó a reunir a los notables del reino para aprobar algunas leyes dirigidas a “perfeccionar” el orden del mundo creado por Dios. Es lo que hace con las llamadas "Constituciones" (recordad el sentido romano de la palabra) de Clarendon de 1164, o en las Assize aprobadas dos años más tarde en la misma localidad, hoy un barrio de Londres. La palabra Assize denomina las reuniones del consejo del rey (curia regis) y el acta escrita o documento en el que se reflejaban los acuerdos adoptados en el curso de esas reuniones.. El término viene del francés "assis" que significa "sentado". Debéis saber que Enrique II no hablaba inglés y por ello introdujo muchas palabras francesas -su idioma materno- en inglés, especialmente en el ámbito jurídico. Es también la razón por la que que “Parliament” viene del verbo francés parler, "hablar".
Precisamente en las Assize incluye una importante reforma procesal dirigida a mejorar técnicamente el funcionamiento de los tribunales reales con algunas instituciones clave como el juicio por jurado, la justicia itinerante destinada a favorecer que los jueces reales pudieran ejercer en todo el reino y no solamente en Londres, y un nuevo sistema probatorio basado en pruebas racionales dirigidas a convencer al juez y a los jurados, reemplazando las viejas "ordalías", basadas en la intervención divina, como el combate judicial, la prueba del hierro candente o la compurgación.
A la hora de gobernar su reino, Enrique II estaba asistido por una serie de asesores que se reunían en un consejo llamado la curia o "corte" regia (curia regis). A medida que fueron creciendo los asuntos de los que se ocupaba el rey, la curia regia incrementó sus competencias, lo que en aras de la eficacia la llevó a dividirse en secciones especializadas. Una de ellas se destinó específicamente a juzgar los asuntos que eran competencia de la jurisdicción real.
Los tribunales del rey
Gracias a la reforma procesal incluida en las mencionadas Assize de Clarendon Enrique II sentó las bases de una administración real de justicia más operativa, lo que permitió la creación de tres tribunales reales importantísimos. El primero fue el Tribunal de las causas comunes (Common Pleas Court) por el que los jueces reales pasaron a tener competencia para juzgar los litigios civiles entre particulares siempre que éstos deseasen someter voluntariamente su caso al nuevo tribunal. Posteriormente se creó un Tribunal del rey, (King's Bench) en principio especializado en pleitos penales, y, finalmente, un Tribunal de Hacienda (Court of Exchequer) que si en principio solo se ocupaba de los litigios que afectaban a las propiedades e ingresos del rey, con el tiempo incrementó manifiestamente sus competencias. Todos ellos acabaron teniendo su sede en Westminster, entonces, al igual que Clarendon, una ciudad próxima a Londres.
El Westminster Hall cuando era sede de los tribunales reales y en la actualidad.
Es importante que entendáis que Enrique II no obligó a sus súbditos a acudir a sus tribunales, solo les ofreció la posibilidad de hacerlo. Eso sí, se aseguró que el servicio prestado por sus jueces fuese excelente. Por eso puso al frente de "sus" tribunales a personas muy preparadas. En un principio los jueces que escogió eran eclesiásticos, ya que eran las únicas personas que en el siglo XII tenían estudios superiores, pues en la Edad Media solo la Iglesia ostentaba la capacidad de transmitir conocimiento. Lo que explica que, como veremos en la próxima entrada, la mayoría de las universidades medievales fueran en su origen creadas por la Iglesia. Con el tiempo se integraron en la administración real de justicia inglesa jueces laicos, pero por lo general siempre con estudios universitarios.
Gracias a su excelente formación los jueces designados por el rey empezaron a administrar justicia de una manera relativamente rápida, y sobre todo equitativa. El resultado fue que los súbditos del rey en un número cada vez más elevado empezaron a optar por acudir masivamente a resolver sus diferencias y litigios ante los tribunales de Westminster. La clave del éxito de la reforma jurídica de Enrique II radica en que sentó las bases de un sistema de resolución de conflictos muy operativo y flexible, que permitió a la sociedad inglesa adaptarse eficazmente a las transformaciones de la etapa bajomedieval.
Esta reforma procesal que revolucionó el derecho en Inglaterra fue en gran parte posible porque los reyes desde Guillermo el conquistador adoptaron la iniciativa de crear nuevos procedimientos para atajar los conflictos que imponían los tiempos. Algo que lograron ampliando la base procesal de la jurisdicción regia recurriendo a una vieja institución anglosajona, los "writs".
A golpe de Writs se construye el "Common Law"
Los "writs" eran originariamente unas "órdenes administrativas" dadas por los reyes de la etapa anglosajona -siglos V a XI no en latín sino en lengua vernácula - para otorgar una tierra o dar instrucciones a un tribunal local.
Los writs se convierten en un instrumento mucho más versátil a partir de 1066, porque pasan a estar escritos en latín, empiezan a usarse con finalidades mucho más variadas. Aunque es Enrique II quien convierte el writ en un instrumento procesal extraordinariamente operativo, al transformarlo en una orden por la que el rey autoriza a entablar un determinado proceso judicial. Algo muy parecido a lo que hacían los pretores de la Roma clásica cuya función, como sabemos, era básicamente otorgar a los ciudadanos romanos una "acción" para empezar un nuevo tipo de proceso. Pues bien, Enrique II hizo algo muy similar, ofreciendo a los particulares que querían resolver sus conflictos ante los jueces reales la opción de “comprar” una nueva “aplicación” procesal, esto es: la posibilidad de acudir ante un tribunal regio para resolver un conflicto no previsto en el derecho tradicional. Y es que los reyes entendían que acceder a sus tribunales no era obligatorio sino un privilegio, ya que los particulares podían acudir a sus jueces locales. Por eso, en caso de que optasen voluntariamente por acceder a una justicia más rápida, eficaz y equitativa debían costearla.
Así, cualquier particular que viese lesionados sus derechos podía solicitar expresamente una orden regia e iniciar un procedimiento dirigido a resolver su problema. Si el rey –o mejor dicho sus consejeros- consideraba pertinente la petición le otorgaba un "writ" específico. Por supuesto pagando. Esto de pagar por pleitear es algo que sigue haciéndose hoy día, ya que quienes entablan un procedimiento tienen que pagar tasas judiciales, y si lo pierden por lo general suele imponérseles el pago de las costas, que incluye en algunos sistemas jurídicos como el español, satisfacer la minuta del abogado ganador.
Poco a poco, writ a writ, fue creciendo el tipo y número de procedimientos que podían entablarse ante los tribunales del rey. Así surgió un nuevo sistema jurídico sobre la base inicial del derecho procesal de la administración real de justicia que se extendió a todo el reino sustituyendo las jurisdicciones feudal y locales. Por eso toda Inglaterra acabó teniendo un derecho "común" a todos que acabó denominándose "Common Law". Ello fue favorecido porque los jueces reales empezaron a desplazarse por todo el Reino de Inglaterra.
Jueces itinerantes
Gracias a la flexibilidad instrumental de los writs el crecimiento del volumen de asuntos examinados por la administración real de justicia fue exponencial, hasta que llegó un momento en el que los jueces de los tres tribunales regios ya no dieron a basto. Fue entonces cuando, para no colapsar los tribunales reales londinenses, se creó la figura de los jueces itinerantes (in eyre). La expresión eyre tiene origen francés. Viene del término "errar" (errer), no en el sentido de equivocarse sino en el de "errante", refiriéndose a que estos jueces se desplazaban por todo el reino.
Estos "jueces errantes" practicaban una modalidad deslocalizada de proceso llamada técnicamente Nisi prius. Aunque el proceso se iniciara en Londres, al agente judicial (sheriff) se le ordenaba que reuniese el jurado en una fecha determinada "salvo que antes" (nisi prius) el caso fuese juzgado por un jurado en el lugar de residencia del demandante. Así se abrió la posibilidad de evitar que la justicia centralizada en Londres se colapsara.
4. Caso a caso… se hace camino al juzgar
Hasta ahora hemos visto que el derecho ha sido alternativamente tres cosas distintas: un producto de la tradición consuetudinaria ancestral, el fruto del trabajo de asesores jurídicos especializados, los jurisconsultos, o los mandatos legislativos de la autoridad política. Gracias a las reformas de Enrique II, a partir de la segunda mitad del siglo XII, aparece un cuarto elemento a tener en cuenta a la hora de crear las normas jurídicas: los jueces.
Como hemos visto, a partir de los reinos germánicos y a lo largo de la Alta Edad Media el derecho consuetudinario es fijado por los jueces caso a caso, gracias al ya mencionado principio del “stare decisis”, por el que una sentencia debía servir de precedente para resolver un caso futuro similar. No obstante, estos fallos de jueces que no eran juristas profesionales eran toscos y por ello el derecho altomedieval no se convirtió en un sistema jurídico homogéneo, lo que le restó eficacia. Por no hablar de que la recopilación de sentencias era poco fiable. De ahí que el principio de la creación judicial del derecho se convierta realmente en una cuarta forma de hacer derecho en Inglaterra, gracias al surgimiento de nuevo de un grupo de juristas profesionales. La diferencia con Roma fue que aquí el gran protagonista de la creación del derecho no fueron los jurisconsultos asesores sino los jueces que resolvían el litigio.
En la Roma clásica no había jueces profesionales, ya que los iudices eran simples ciudadanos que se limitaban a acatar lo que había dispuesto el pretor a la hora de resolver un conflicto. Sus sentencias no eran importantes y lo único que se ponía por escrito era la “acción” que permitía acceder a los tribunales, por estar incluida en la Ley de las XII Tablas (legis actiones), o en el Edicto del pretor (proceso formulario). En el caso de la Inglaterra tardo medieval en cambio, aunque son los writs los que permiten iniciar la acción procesal, las decisiones judiciales adquieren gran importancia. De hecho, son las que realmente conforman el grueso del nuevo Common Law, pues los writs cubrían cualquier posible acción, mientras que las sentencias entraban en el detalle de cada caso.
Así, el “Derecho común” del reino no es esencialmente un derecho de acciones, construido a golpe de writs, como ocurría en la Roma del derecho pretorio con el proceso formulario, sino sobre todo un derecho casuístico basado en las soluciones dadas por los jueces a casos concretos (Case Law). La palabra “jurisprudencia” que en la etapa romana aludía a las soluciones propuestas por los juristas a sus clientes cobra en la Inglaterra de la Baja Edad Media un nuevo significado, en la medida en que pasa a designar fundamentalmente el derecho creado por los jueces. Eso sí, ayudados por otros profesionales indispensables sin los cuales les hubiera resultado imposible desarrollar su intensa actividad: los abogados.
Y aparecieron los abogados...
El surgimiento del Common Law sobre la base del “stare decisis” sólo fue viable porque los jueces reales en el ejercicio de su función jurisdiccional fueron ayudados por personas muy cualificadas cuya función era auxiliar a las partes a presentar su caso ante el tribunal. Surgió así una clase jurídica profesional que contribuyó muy decisivamente a perfilar y consolidar el sistema jurídico. El crecimiento exponencial del número de litigantes que accedían a los tribunales del rey requirió pronto que apareciera toda una tipología de profesionales que recibieron nombres diversos, aunque todos alusivos a su labor de intermediación entre jueces y particulares.
Algunas de estas denominaciones provienen del francés -la lengua principal de la dinastía reinante de los Plantagenet- y otras del latín, la lengua hablada por las personas cultas. Algunos de estos intermediarios jurídicos se llamaron “attorneys”, palabra derivada del francés medieval, concretamente del verbo “atourner” que significaba proveer o proporcionar ayuda, en este caso auxilio legal. El término sigue utilizándose hoy en día en los Estados Unidos para designar en general a los profesionales del derecho. Con el tiempo los "attorneys" se especializaron y en función de lo que hiciesen recibieron nuevas denominaciones El que intervenía en el proceso ejerciendo oralmente la defensa o la acusación representando a su cliente, pasó a llamarse “Barrister”, término derivado del término francés “barre”. Y ello porque durante el juicio se situaba en el otro lado de la barra de madera que separaba del público a los jueces, sentados en el banco (bench) desde el que presidían el tribunal -quienes por esta razón recibieron el apelativo de “benchers.” Los "barristers" siguen siendo en la Inglaterra actual los profesionales del derecho especializados en “litigación”, para diferenciarlos de los "attorneys" que solo realizan tareas administrativas (sollicitors).
Otra palabra que surge para designar a estos profesionales de la intermediación jurídica es la de “abogados” (advocate), término derivado de la expresión latina “ad vocare” que expresa la idea de pedir ayuda a alguien. El abogado era pues la persona que uno llamaba en su auxilio cuando tenía un problema jurídico. Finalmente, también se usó el término “procurator” del latín “pro curare” literalmente “para cuidar”. En España hoy los procuradores son los profesionales del derecho que ayudan al abogado con las tareas procesales de intermediación con el juzgado, quedando reservado para el abogado las tareas relativas al fondo del asunto, así como realizar las alegaciones –escritas u orales- en juicio.
Todas estas palabras acabaron refundiéndose en la palabra lawyer que significa literalmente quien lidia con el derecho (law).
Es muy importante que entendáis que el Common Law es el fruto de la labor desarrollada día a día en el ámbito de la administración de justicia por un grupo reducido de personas: los jueces (“justiciary” o “benchers”) y las personas que les ayudaban a administrarla: attorneys, barristers, sollicitors o lawyers. Es decir, es el resultado del trabajo de estos "técnicos procesales" que intervenían en la lógica del proceso contradictorio (adversarial), el tipo de procedimiento sobre cuya base se desarrolló el derecho inglés, así llamado porque en él las partes se enfrentan para ver quién gana, a diferencia de otros tipos de procedimientos en los que se busca ante todo una solución negociada sin vencedores ni vencidos.
Lo más interesante de todo esto es que todos estos profesionales del derecho formaban parte del mismo equipo, pues en torno al año 1200 empiezan a ser designados como jueces quienes hubieran trabajado como ayudantes de un juez. A partir de 1300, se convirtió en regla general la elección de jueces entre los abogados litigantes, principio que sigue aún hoy en vigor, pues cuando un juez se jubila sus colegas se reúnen para elegir a su sustituto entre los “barristers” más prestigiosos. A diferencia de lo que ocurre en España, Francia, Alemania o Italia, donde para ser juez hay que pasar un examen e ir a la Escuela judicial, en Inglaterra los barristers, no saben a priori si podrán o no sentarse en el bench ya que son los propios jueces los que deciden este extremo.
Lo único importante en Inglaterra para convertirse en un profesional del derecho era adquirir la destreza en el manejo del lenguaje y de las técnicas procesales que capacitaban para actuar ante los tribunales. Y ello requería una formación específica, larga y compleja, basada en el aprendizaje práctico del oficio. Los juristas ingleses no se formaban en la universidad sino seguían lo que hoy se conoce como un itinerario de “formación profesional” que adquirían en una especie de hoteles o posadas jurídicos. Los famosos "Inns of Court", donde residían y convivían los futuros abogados y jueces durante el largo periodo e su aprendizaje.
Aún hoy estudiar en una Facultad de derecho en Inglaterra es recomendable pero no indispensable Lo importante para ser abogado es aprender el oficio, lo que sigue requiriendo mucho años de aprendizaje.
Un derecho inaccesible
Con objeto de paliar estas extraordinarias dificultades a la hora de aprender el oficio, algunos juristas ingleses trataron de poner por escrito los rudimentos de la profesión, siguiendo en cierta medida la estela del jurista romano Gayo, quien, como recordaréis, escribió sus Instituciones precisamente para que los jóvenes romanos aprendieran derecho. El problema era que el Common Law resultaba muy difícil de sistematizar al ser un derecho eminentemente práctico, construido caso a caso, con un lenguaje muy peculiar en el que se mezclaban términos franceses, latinos e ingleses. Hacerlo asequible resultaba una tarea titánica.
Durante los primeros tiempos de su desarrollo, entre los siglos XII y XV, a medida que el Common Law iba creciendo a golpe de decretos reales (writs) y de sentencias, su desarrollo descansó esencialmente en la tradición oral y en la memoria del restringido grupo de profesionales jurídicos que batallaban en los tribunales del rey. Entre su carácter casuístico y el hecho de que la tarea jurídica sólo podía llevarse a cabo por personas técnicamente preparadas que dominaban el intrincado lenguaje procesal, el Common Law acabó siendo completamente inaccesible para el ciudadano de a pie. Un botón de muestra de este desbarajuste es que el principio básico del precedente, sobre el que se asienta la construcción judicial del derecho inglés, sólo se formula teóricamente por vez primera en 1673. Prueba evidente que los “lawyers” llevaban cuatro siglos funcionando a salto de mata. Conscientes de estas dificultades, algunos juristas intentaron poner coto a esta situación de incertidumbre ofreciendo algunos intentos de sistematización de este desparramo jurídico.
El primero en intentarlo fue Ranulf de Glanville (1112-1190) que fue jefe de los jueces reales (Chief Justiciar) durante el reinado de Enrique II, el monarca fundador del Common Law. Glanville ha pasado a la historia como el autor de la primera descripción escrita de cómo funcionaba el Common Law: su “Tratado de las leyes y costumbres del reino de Inglaterra” (Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Anglie), obra escrita por él, o un estrecho colaborador suyo, entre 1154 y 1189, que contiene básicamente un catálogo de “writs” y de procedimientos.
Glanville no fue, sin embargo, el Gayo inglés porque se precipitó, ya que a finales del siglo XII el Common Law estaba aún en sus inicios. De hecho, su obra pronto fue superada por la de Henry de Bracton (1210-1268), un clérigo y jurista que fue consejero del rey Enrique III y escribió un libro titulado “De las leyes y las costumbres de Inglaterra” (De Legibus et Consuetudinibus Angliae) en el que ampliaba el número de writs y de procedimientos a los que podían recurrir los litigantes. El libro tuvo un gran éxito si nos atenemos a las numerosas copias que se hicieron de él. Lo que no impidió que pronto quedara también desfasado ante el imparable crecimiento del derecho inglés. Su obsolescencia dejó desamparado al sistema jurídico británico durante 500 años, plazo que hubo que esperar para que viera la luz una exposición sistemática y completa del Common law.
Sería necesario esperar a la figura de William Blackstone (1723-1780) y sus celebérrimos "Comentarios sobre las leyes de Inglaterra", publicados entre 1765 y 1769, para que los británicos contasen con la primera visión de conjunto de su sistema jurídico. Blackstone a diferencia de sus predecesores era un “académico”. Durante la mayor parte de su vida fue Profesor de la Universidad de Oxford donde daba clases de derecho, con la peculiaridad de que no iban dirigidas a futuros profesionales del derecho –pues estos seguían aprendiendo el oficio por la vía profesional- sino a ciudadanos no juristas, como nobles de provincias y clérigos, que necesitaban tener una visión general del sistema jurídico.
Ahora que a los académicos profesionales se nos acusa tantas veces de estar fuera de la realidad, el ejemplo de Blackstone reivindica en gran medida nuestra labor. Porque gracias a su mente universitaria triunfó donde los pragmáticos hombres de leyes habían fracasado. Simplemente porque dedicó sus mejores años, no al ejercicio de la abogacía, de la judicatura o la política, sino a enseñar y divulgar los intríngulis de un sistema jurídico hasta entonces inextricable. Y fue su trabajo académico el que otorgó una dimensión mundial a un Common Law, hasta entonces reservado al grupúsculo de profesionales que trabajaban en los tribunales de Westminster Hall. Así, sus apuntes de clase sirvieron de guía a los aprendices de derecho no solo en Inglaterra, sino incluso a los colonos norteamericanos que a partir de 1776 se independizaron de la madre patria, pero que se inspiraron en los “Comentarios” a la hora de crear el sistema jurídico de la nueva República. Si el sistema jurídico norteamericano se ha convertido en nuestros días en una referencia mundial es en gran medida gracias a la paciente sistematización que Blackstone realizó desde su cátedra.
La obra de Blackstone, sin embargo, era más una enciclopedia jurídica que un Tratado sistemático de derecho inglés. No sirvió para convertir el sistema jurídico inglés en un todo ordenado y por ello éste seguía resultando considerablemente inaccesible para el ciudadano medio. Lo intentó Jeremy Bentham (1748-1832) pero sus compatriotas no hicieron caso a su intento de racionalizar el sistema jurídico inglés. A diferencia de lo que ocurrió en la Europa continental donde siguiendo las ideas de Bentham los sistemas jurídicos se "codificaron".
La momia de Jeremy Bentham, conservada en el University College de Londres
5. Un derecho basado en la equidad
A pesar de que el derecho inglés también se ha visto afectado por la invasión legislativa contemporánea, es innegable que sigue siendo en esencia el mismo derecho tradicional de abogados y jueces, en el que el legislador interviene subsidiariamente, a toro pasado, y siempre que no quede más remedio. Circunstancia que ha permitido que en principio el Common Law siga fiel a su condición de instrumento técnico relativamente independiente de las presiones políticas. Es por esta razón que Montesquieu adoraba el sistema jurídico inglés, ya que le parecía el paradigma de las libertades, una muralla inexpugnable frente a los abusos del poder.
El precio a pagar es que el Common law es aún hoy inaccesible a los no allegados. Por su extraordinaria complejidad a los particulares no juristas no les queda otra que acudir forzosamente a los técnicos intermediarios, los carísimos barristers. Es por ello que la primera impresión que sentimos quienes hemos sido educados en la tradición universitaria continental del derecho civil, cuando nos topamos por vez primera con el Common Law, es de desconcierto.
No obstante, es indudable que el inglés es un buen instrumento de resolución de conflictos por ser un derecho muy ajustado al caso concreto y sobre todo muy flexible a la hora de adaptarse a las nuevas transformaciones sociales, en buena medida porque se basa en la “equidad”. Es importante explicar lo que este concepto jurídico significa ya que permite ahondar en la singularidad del derecho inglés. Así que, queridos lectores, retrocedamos un poco en el tiempo….
A finales del siglo XIII, los reyes ingleses habían dado tantos writs que prácticamente abarcaban cualquier posible litigio. A raíz de ello el Common law quedó fijado en unos procedimientos rígidos a los que tenían que ajustarse estrictamente los barristers en su actuación ante los tribunales. Las reglas procesales pasaron a ser extraordinariamente formales porque se entendió que el formalismo era garantía de imparcialidad. El problema era que estas reglas no siempre se ajustaban a las especificidades del caso. Para evitar estas disfunciones el pragmatismo inglés optó, en el curso de los siglos XIV y XV, por flexibilizar el sistema jurídico desarrollando una vía jurisdiccional paralela a la ordinaria llamada significativamente de la "Equidad" (Equity). Gracias a ello, los particulares descontentos con el resultado de un proceso ajustado al Common Law, si entendían que aquél había conducido a un resultado injusto podían acudir a un tribunal especial, concretamente el tribunal del Canciller, -el equivalente a nuestro ministro de Justicia- para solicitar una solución realmente “equitativa”.
Se desarrolló desde entonces una dualidad jurisdiccional que hizo aún más laberíntico el ya de por sí confuso panorama del sistema jurídico inglés. Es cierto que los Judicature Acts de 1873 y 1875 refundieron ambas vías creando un único sistema de tribunales. Sin embargo esta reforma legislativa no suprimió la posibilidad de que las partes pudiesen solicitar ser juzgadas en “equidad”, en vez de por el cauce del Common Law, ya que se estableció -también por vía legislativa- que todos los jueces podían aplicar tanto uno como otro sistema. La vía de la Equidad se ha visto incluso reforzada en 1981 gracias a la Senior Courts Act, ley en la que se dispone que en caso de contradicción entre las reglas del Common Law y las de la Equity, son estas últimas las que deben prevalecer ( Artículo 49.1).
Gracias a su apego a la equidad, el derecho inglés sigue en gran medida, siendo fiel a sus orígenes medievales de derecho judicial, lo que explica la considerable independencia que mantienen los jueces ingleses frente a la autoridad política.
ALGUNAS FECHAS
1066 Batalla de Hastings (el normando Guillermo el conquistador rey de Inglaterra)
1154-1189 Enrique II Plantagenet
1166 Assize de Clarendon
1112-1190 Ranulf de Glanville
1210-1268 Henry de Bracton
1252-1284 Alfonso X el Sabio de Castilla
1274 Cortes de Zamora (Casos de corte).
1371 Enrique II crea la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid
1495 Fernando el Católico crea la Audiencia de Cataluña.
1506 Fernando el Católico crea la Audiencia de Valencia.
1528 Carlos I reorganiza la Audiencia de Aragón en 1528
1571 Felipe II crea la Audiencia de Mallorca.
1707-1716 Decretos de "Nueva planta".
1723-1780 William Blackstone
1748-1832 Jeremy Bentham
CONCEPTOS:
"Dieu et mon Droit". Casos de Corte (Cortes de Zamora de 1274). Fuero Real. Leyes de Estilo. Alcalde de corte. Real Audiencia y Chancillería. Decretos de Nueva Planta. Doomesday book. Assize de Clarendon. Ordalía. Common Pleas Court. King's Bench. Court of Exchequer. Writs. Common Law. Stare decisis. Case Law. Attorney. Barrister. Bencher. Advocate. Procurator. Lawyer. Adversarial Justice. Inns of Court. Glanville. Bracton. Blackstone. Bentham. Equity.
PREGUNTAS:
1. ¿Por qué los reyes medievales eran esencialmente reyes jueces.
2. ¿En qué medida Alfonso X fracasó y triunfó en el ámbito jurídico? Piensa en Las Partidas, los Casos de Corte, el Fuero Real y las Leyes de Estilo.
3. ¿Qué eran las Reales Audiencias?
4. ¿Qué son los Decretos de Nueva Planta y qué tienen que ver con la dimensión jurisdiccional?
5. ¿Cómo potencia la jurisdicción real en Inglaterra Enrique II Plantagenet?
6. ¿Por qué los ingleses acaban sometiendo sus conflictos a los tribunales reales?
7. ¿Qué eran los writs y en que se diferencian de las fórmulas del pretor?
8. ¿Por qué el sistema jurídico inglés acaba llamándose "Common Law"?
9. Qué tipo de profesionales del derecho surgen en Inglaterra al hilo de la formación del Common Law?
10. ¿Cómo se formaban los profesionales del derecho en Inglaterra?
11. ¿Hay algún intento de racionalizar el sistema jurídico del Common Law, como hizo Gayo con sus instituciones?
12. ¿Cuál es la relación entre el Common Law y la Equity en Inglaterra?
13. ¿Qué sentido tenía la palabra "jurisprudencia" en Roma y cuál adquiere en la Inglaterra del Common Law?
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