El 24 de septiembre pasado el Tribunal Supremo del Reino Unido decretó que la suspensión del Parlamento impuesta por el Primer ministro británico Boris Johnson no fue ajustada a derecho. Y en consecuencia la declaró nula de "pleno derecho", lo que significa que resultaba inválida y que en consecuencia el Parlamento de Westminster podía reanudar sus sesiones inmediatamente. De hecho el Presidente de la Cámara de los Comunes John Bercow reanudó las sesiones al día siguiente de la lectura de la sentencia.
El resumen de todo esto es que el "derecho" no es lo que dice o impone el poder político. El derecho descansa en los tribunales de justicia- El derecho no es solo la ley sino esencialmente la justicia.
El poder político una y otra vez trata de controlar el derecho, de apropiárselo. Pero en los países en los que impera el "estado de derecho" -esto es que el poder del Estado está sujeto al derecho- lo jurídico prevalece frente a lo político.
El follón del Brexit nos proporciona un claro ejemplo de que no hay que confundir el derecho con la voluntad política del Gobierno. Afortunadamente.
Os propongo la lectura de tres textos. Dos resúmenes periodísticos de la noticia: uno extraído de La Vanguardia y otro de El País. Para que podáis comparar en qué ponen el acento los respectivos periodistas. Finalmente os transcribo el resumen de la sentencia tal y como lo leyó la presidenta del Tribunal Supremo británico Lady Brenda Hal. Está en inglés, y por ello su lectura no es obligatoria. Sin embargo os recomendaría que quienes podáis os la leáis porque es un magistral ejemplo de texto jurídico, que incluye la impecable argumentación por la que, por unanimidad, los once jueces del Tribunal Supremo de la Pérfida Albión, le tiran dolorosamente de las orejas al impulsivo Primer ministro británico.
Texto nº 1
El Supremo británico considera “ilegal, nulo y sin efecto” el cierre del parlamento dictaminado por Boris Johnson
El Tribunal Supremo del Reino Unido falló este martes, con un veredicto unánime, en contra del primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, al considerar “ilegal” la suspensión del Parlamento durante cinco semanas.
En un fallo histórico, la presidenta del Supremo, Brenda Hale, afirmó que la suspensión de las cámaras, adoptada por el líder “tory” el pasado agosto, fue “nula” y queda “sin efecto”.
Los once jueces de la máxima instancia judicial de este país tenían que examinar dos recursos diferentes: el de la Corte de Apelación de Escocia, que consideró ilegal la medida adoptada por el jefe de Gobierno, y la del Tribunal Superior de Londres, que determinó que la cuestión era competencia política.
El panel de magistrados valoró que el asesoramiento de Johnson a la reina Isabel II, jefa de Estado, para proceder al cierre parlamentario -del 9 de septiembre hasta el 14 de octubre, poco antes del “brexit”- no se ajustó a la legalidad pues perseguía “frustrar o impedir” que el Parlamento desempeñara sus “funciones constitucionales”.
”Este tribunal concluye que la decisión de aconsejar a Su Majestad que suspendiera el Parlamento fue ilegal porque tenía el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento de llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable”, afirmó Hale.
Las dos cámaras de Westminster quedaron clausuradas al término de las sesiones del pasado 9 de septiembre hasta el 14 de octubre, cuando estaba previsto que la reina Isabel II inaugurase un nuevo curso parlamentario al leer la nueva agenda del Gobierno de Johnson.
El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha anunciado este martes que quiere reabrir el parlamento británico “sin retrasos” y que convocará a los líderes de los partidos “urgentemente” para conseguirlo.
Bercow, de esta forma, ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido. “Los jueces han de proteger el derecho y el deber del parlamento de reunirse en un momento crucial para examinar al gobierno y pedir explicaciones a los ministros”, dijo Bercow en un comunicado. Mientras tanto, la oposición laborista y los partidos nacionalistas de Escocia y Gales ya han pedido la dimisión de Johnson.
El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, pidió este martes a Boris Johnson que “reconsidere su posición” al frente del Gobierno, después de que el Tribunal Supremo declarara “ilegal” su suspensión del Parlamento.
En una intervención especial durante el congreso laborista en Brighton (sur inglés), Corbyn adelantó que pedirá al presidente de la Cámara de los Comunes que disponga cuanto antes la reanudación de las sesiones parlamentarias.
La cercanía con la fecha pactada para la ejecución del “brexit”, el 31 de octubre, generó una oleada de críticas contra Johnson, que justificó la medida con el argumento de que precisaba de ese tiempo para poder elaborar la nueva agenda legislativa de su Ejecutivo.
Al leer su dictamen, la presidenta del Supremo subrayó que esta suspensión prolongada de la democracia parlamentaria se produjo en unas circunstancias bastante excepcionales: el cambio fundamental que iba a producirse en la Constitución del Reino Unido el 31 de octubre, fecha prevista para la salida de la Unión Europea (UE).
”El Parlamento, y en particular la Cámara de los Comunes como representantes electos de los ciudadanos, tienen el derecho a tener voz en cómo se produce ese cambio. El efecto sobre los fundamentos de nuestra democracia fue extremo”, remarcó con dureza la jueza.
Durante este proceso judicial, los demandantes reprocharon a Johnson que obrara siguiendo una estrategia con la que impedir al Parlamento bloquear sus planes sobre una retirada sin acuerdo de la UE.
En el proceso presentado por la activista anti “brexit” Gina Miller, secundado por el ex primer ministro conservador John Major, se alegó que la duración excepcional del periodo de suspensión era, en este caso, una “clara prueba de que el motivo del primer ministro era silenciar al Parlamento” al verlo como un “obstáculo” para avanzar hacia sus objetivos políticos.
Frente a esta querella (presentada ante el Tribunal Superior y recurrida ante el Supremo por Miller), la defensa de Johnson mantuvo que la suspensión de las cámaras es una prerrogativa y que la clausura de las cámaras era una decisión “inherente y fundamentalmente política por naturaleza” sobre las que no debería interferir la Justicia.
En cuanto al segundo caso, en Escocia, un grupo de 75 parlamentarios, encabezados por la diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, alegó que la suspensión parlamentaria respondió a “motivos espúreos” destinados a evitar el escrutinio de las cámaras.
Extraído de: La Vanguardia 24 de septiembre de 2019
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190924/47611805228/tribunal-supremo-reino-unido-cierre-parlamento-ilegal.html
[Última consulta 27 de septiembre de 2019]
El Supremo británico reprende a Johnson y reactiva el Parlamento
Las sesiones se reanudarán este miércoles, a un mes del Brexit, tras el fallo histórico del alto tribunal. “Estoy en profundo desacuerdo”, dice el primer ministro
Londres, 24 de septiembre de 2019
El día en que un comité real, como manda el protocolo, entró en la Cámara de los Lores para entregar la orden de suspensión del Parlamento decidida por Boris Johnson, fue como si hubiera entregado “una hoja en blanco”. La decisión del primer ministro fue "ilegal, nula y sin efecto", sentenció este martes por unanimidad el Tribunal Supremo del Reino Unido. Fue un duro golpe a Johnson, una humillación y un obstáculo en su estrategia del Brexit. La Cámara de los Comunes vuelve a reunirse este miércoles en sesión de urgencia, y en las últimas horas se han acumulado las peticiones para que dimita el primer ministro.
Los once magistrados del Tribunal Supremo, un órgano con apenas 14 años de vida y complicado encaje en la estructura política británica, eran conscientes de que su decisión en este caso haría historia. Y actuaron acorde con lo que exigen los cánones a un tribunal de garantías constitucionales: decidieron por unanimidad, argumentaron con la solvencia jurídica requerida y fueron claros en su resolución. “El consejo del primer ministro [a la reina, para que ordenara la suspensión del Parlamento] fue ilegal y ajeno a los poderes del cargo”. Y, por tanto, la orden misma, "basada en un consejo ilegal" (antijurídico) , fue ella misma ilegal, nula y sin efecto, y debe ser suprimida”. La presidenta del Supremo, Brenda Hale, se tomó su tiempo en desgranar los argumentos de una sentencia que deja claro que el objetivo último de Johnson fue atar en corto a los diputados y frustrar sus intentos de frenar un Brexit salvaje. “No se trató de un cierre rutinario del periodo de sesiones”, dijo la sentencia. “Evitó que el Parlamento cumpliera con su papel constitucional durante cinco de las ocho semanas que van desde el fin del receso veraniego al 31 de octubre [la fecha fijada oficialmente para el Brexit]”.
El Supremo reinstauró la soberanía del Parlamento, propinó a Johnson una derrota demoledora, y afianzó su papel como garante de una Constitución que, aunque no esté escrita, existe y prevalece sobre los actos del Gobierno. “Y los tribunales no pueden esquivar su responsabilidad simplemente porque la medida en cuestión pertenezca a la esfera política”, dice la sentencia, en contra de lo que defendía el Gobierno.
“Estoy en profundo desacuerdo, pero respeto al poder judicial. Creo que la práctica de cerrar el periodo de sesiones es algo que se ha hecho durante siglos”, dijo Johnson en Nueva York, donde la noticia le sorprendió de madrugada. “En cualquier caso, no es algo que ayude a la estrategia negociadora del Gobierno con la UE”, dijo.
El Speaker (presidente) de la Cámara de los Comunes, John Bercow, celebró de inmediato, frente a las mismas puertas de Westminster, la decisión judicial y anunció que los diputados se reunirán este mismo miércoles en sesión de urgencia y recuperarán sus escaños. En circunstancias normales, este día de la semana debería celebrarse una sesión de control al Gobierno para la que no había nada preparado. A cambio, Bercow prometió luz verde para cualquier debate de emergencia que la oposición quiera plantear. “He dado instrucciones a los servicios de la Cámara, no para la reapertura de la sesión —la suspensión fue ilegal, y como tal, nula— sino para la reanudación del funcionamiento normal del Parlamento”, dijo.
La rotundidad de la sentencia del Supremo avivó las voces que reclamaban su dimisión. “Este primer ministro no elegido debe dimitir desde este mismo momento”, exigió el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ante los centenares de delegados del congreso laborista que se celebra en la localidad de Brighton. “Ha fracasado en su empeño y nunca logrará apagar la voz de la democracia y del pueblo (...) Pensó que podía hacer lo que le da la gana, como ha hecho toda la vida. No tiene la talla necesaria para ser primer ministro”, proclamó Corbyn. Otras figuras de gran relevancia, como la ministra principal de Escocia, Nicole Sturgeon, o la líder del Partido Liberal Demócrata, Jo Swinson, reclamaron la renuncia de Johnson.
En algo coinciden con el primer ministro. Gobierno y oposición desean la celebración de unas elecciones generales lo antes posible. Pero por distintos motivos. Johnson ve cómo se le escapa a chorros el ímpetu y la popularidad con que comenzó su mandato, a principios del verano. Llegar al 31 de octubre sin un acuerdo del Brexit con la UE y tener que cumplir el mandato parlamentario de pedir una nueva prórroga destrozaría su reputación ante los votantes conservadores euroescépticos. Corbyn quiere también urnas, pero solo cuando la estrategia de Downing Street para abandonar la UE haya sido derrotada y la Cámara de los Comunes controle de un modo eficaz la situación. Por eso, el laborismo resistirá los cantos de sirena que piden ya una moción de censura, y el equipo de Johnson se prepara de nuevo a desafiar a la oposición y reclamar elecciones.
El primer ministro se vio obligado a adelantar su viaje de regreso desde Nueva York para poder estar este miércoles presente en el Parlamento. Y los diputados a los que pretendió mantener inactivos durante cinco semanas no se cansarán de recordarle que, por primera vez en la historia democrática reciente del Reino Unido, la más alta instancia judicial le ha dicho claramente al primer ministro que se ha saltado la ley a conciencia. “El Gobierno existe porque tiene la confianza de la Cámara de los Comunes”, le recordó el Supremo a Johnson en su sentencia. “Esa es toda su legitimidad democrática. Y eso quiere decir que está obligado a responder ante esa Cámara por todos sus actos”.
Los once magistrados devolvieron al Parlamento su soberanía cuando más la necesita: en la recta final hacia un Brexit salvaje que pocos desean.
UN ACTO ILEGAL QUE LA REINA NO PODÍA RECHAZAR
Isabel II vio interrumpidas sus vacaciones de verano en Balmoral (Escocia) con una conflictiva petición/consejo de su nuevo primer ministro: ordenar, por un inusual periodo de cinco semanas, el cierre de las sesiones del Parlamento. Se trata de una de las escasas prerrogativas reales que conserva la monarca, pero la convención política británica la asume como un automatismo ante el que la reina no puede objetar. Por eso el consenso entre políticos, juristas y, finalmente, el Tribunal Supremo, era que el único acto político cuya legalidad se podía cuestionar era el propio consejo de Johnson. Y por eso los magistrados no reclamaron una orden que anulara la anterior. Simplemente, decidieron que nunca existió, y ayudaron a que Isabel II respire tranquila.
Extraído de: El País Rafa de Miguel. 24 de septiembre de 2019
https://elpais.com/internacional/2019/09/24/actualidad/1569310581_155927.html#comentarios
[Última consulta 27 de septiembre de 2019]
Texto nº 3
Supreme Court: Lady Hale's statement on 'unlawful' Parliament suspension
24 September 2019
The UK's Supreme Court has ruled that Prime Minister Boris Johnson acted unlawfully when he advised the Queen to suspend Parliament. Here is the full text of the statement Lady Hale, the president of the court, gave.
"We have before us two appeals, one from the High Court of England and Wales and one from the Inner House of the Court of Session in Scotland. It is important, once again, to emphasise that these cases are not about when and on what terms the United Kingdom is to leave the European Union. They are only about whether the advice given by the Prime Minister to Her Majesty the Queen on 27th or 28th August, that Parliament should be prorogued from a date between 9th and 12th September until 14th October, was lawful and the legal consequences if it was not. The question arises in circumstances which have never arisen before and are unlikely to arise again. It is a "one-off".
Briefly, the Scottish case was brought by a cross party group of 75 members of Parliament and a QC on 30th July because of their concern that Parliament might be prorogued to avoid further debate in the lead up to exit day on 31st October. On 15th August, Nikki da Costa, Director of Legislative Affairs at No 10, sent a memorandum to the Prime Minister, copied to seven people, civil servants and special advisers, recommending that his Parliamentary Private Secretary approach the Palace with a request for prorogation to begin within 9th to 12th September and for a Queen's Speech on 14th October. The Prime Minister ticked 'yes' to that recommendation.
On 27th or 28th August, in a telephone call, he formally advised Her Majesty to prorogue Parliament between those dates. On 28th August, Mr Jacob Rees-Mogg, Leader of the House of Commons and Lord President of the Privy Council, Mr Mark Harper, chief whip, and Baroness Evans of Bowes Park, Leader of the House of Lords, attended a meeting of the Privy Council held by the Queen at Balmoral Castle. An Order in Council was made that Parliament be prorogued between those dates and that the Lord Chancellor prepare and issue a commission for proroguing Parliament accordingly. A Cabinet meeting was held by conference call shortly after that in order to bring the rest of the Cabinet "up to speed" on the decisions which had been taken. That same day, the decision was made public and the Prime Minister sent a letter to all Members of Parliament explaining it. As soon as the decision was announced, Mrs Miller began the English proceedings challenging its lawfulness.
Parliament returned from the summer recess on 3rd September. The House of Commons voted to decide for themselves what business they would transact. The next day what became the European Union (Withdrawal) (No 2) Act passed all its stages in the Commons. It passed all its stages in the House of Lords on 6th September and received royal assent on 9th September. The object of that Act is to prevent the United Kingdom leaving the European Union without a withdrawal agreement on 31st October.
On 11th September, the High Court of England and Wales delivered judgment dismissing Mrs Miller's claim on the ground that the issue was not justiciable in a court of law. That same day, the Inner House of the Court of Session in Scotland announced its decision that the issue was justiciable, that it was motivated by the improper purpose of stymying Parliamentary scrutiny of the Government, and that it, and any prorogation which followed it, were unlawful and thus void and of no effect.
Mrs Miller's appeal against the English decision and the Advocate General's appeal against the Scottish decision were heard by this court from 17th to 19th September. Because of the importance of the case, we convened a panel of 11 Justices, the maximum number of serving Justices who are permitted to sit. This judgment is the unanimous judgment of all 11 Justices.
The first question is whether the lawfulness of the Prime Minister's advice to Her Majesty is justiciable. This Court holds that it is. The courts have exercised a supervisory jurisdiction over the lawfulness of acts of the Government for centuries. As long ago as 1611, the court held that "the King [who was then the government] hath no prerogative but that which the law of the land allows him". However, in considering prerogative powers, it is necessary to distinguish between two different questions. The first is whether a prerogative power exists and if so its extent. The second is whether the exercise of that power, within its limits, is open to legal challenge. This second question may depend upon what the power is all about: some powers are not amenable to judicial review while others are. However, there is no doubt that the courts have jurisdiction to decide upon the existence and limits of a prerogative power. All the parties to this case accept that. This Court has concluded that this case is about the limits of the power to advise Her Majesty to prorogue Parliament.
The second question, therefore, is what are the limits to that power? Two fundamental principles of our Constitution are relevant to deciding that question. The first is Parliamentary sovereignty - that Parliament can make laws which everyone must obey: this would be undermined if the executive could, through the use of the prerogative, prevent Parliament from exercising its power to make laws for as long as it pleased. The second fundamental principle is Parliamentary accountability: in the words of Lord Bingham, senior Law Lord, "the conduct of government by a Prime Minister and Cabinet collectively responsible and accountable to Parliament lies at the heart of Westminster democracy". The power to prorogue is limited by the constitutional principles with which it would otherwise conflict.
For present purposes, the relevant limit on the power to prorogue is this: that a decision to prorogue (or advise the monarch to prorogue) will be unlawful if the prorogation has the effect of frustrating or preventing, without reasonable justification, the ability of Parliament to carry out its constitutional functions as a legislature and as the body responsible for the supervision of the executive. In judging any justification which might be put forward, the court must of course be sensitive to the responsibilities and experience of the Prime Minister and proceed with appropriate caution. If the prorogation does have that effect, without reasonable justification, there is no need for the court to consider whether the Prime Minister's motive or purpose was unlawful.
The third question, therefore, is whether this prorogation did have the effect of frustrating or preventing the ability of Parliament to carry out its constitutional functions without reasonable justification. This was not a normal prorogation in the run-up to a Queen's Speech. It prevented Parliament from carrying out its constitutional role for five out of the possible eight weeks between the end of the summer recess and exit day on 31st October. Proroguing Parliament is quite different from Parliament going into recess. While Parliament is prorogued, neither House can meet, debate or pass legislation. Neither House can debate Government policy. Nor may members ask written or oral questions of Ministers or meet and take evidence in committees. In general, Bills which have not yet completed all their stages are lost and will have to start again from scratch after the Queen's Speech. During a recess, on the other hand, the House does not sit but Parliamentary business can otherwise continue as usual. This prolonged suspension of Parliamentary democracy took place in quite exceptional circumstances: the fundamental change which was due to take place in the Constitution of the United Kingdom on 31st October. Parliament, and in particular the House of Commons as the elected representatives of the people, has a right to a voice in how that change comes about. The effect upon the fundamentals of our democracy was extreme.
No justification for taking action with such an extreme effect has been put before the court. The only evidence of why it was taken is the memorandum from Nikki da Costa of 15th August. This explains why holding the Queen's Speech to open a new session of Parliament on 14th October would be desirable. It does not explain why it was necessary to bring Parliamentary business to a halt for five weeks before that, when the normal period necessary to prepare for the Queen's Speech is four to six days. It does not discuss the difference between prorogation and recess. It does not discuss the impact of prorogation on the special procedures for scrutinising the delegated legislation necessary to achieve an orderly withdrawal from the European Union, with or without a withdrawal agreement, on 31st October. It does not discuss what Parliamentary time would be needed to secure Parliamentary approval for any new withdrawal agreement, as required by section 13 of the European Union (Withdrawal) Act 2018.
The Court is bound to conclude, therefore, that the decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful because it had the effect of frustrating or preventing the ability of Parliament to carry out its constitutional functions without reasonable justification.
The next and final question, therefore, is what the legal effect of that finding is and therefore what remedies the Court should grant. The Court can certainly declare that the advice was unlawful. The Inner House went further and declared that any prorogation resulting from it was null and of no effect. The Government argues that the Inner House could not do that because the prorogation was a "proceeding in Parliament" which, under the Bill of Rights of 1688 cannot be impugned or questioned in any court. But it is quite clear that the prorogation is not a proceeding in Parliament. It takes place in the House of Lords chamber in the presence of members of both Houses, but it is not their decision. It is something which has been imposed upon them from outside. It is not something on which members can speak or vote. It is not the core or essential business of Parliament which the Bill of Rights protects. Quite the reverse: it brings that core or essential business to an end.
This Court has already concluded that the Prime Minister's advice to Her Majesty was unlawful, void and of no effect. This means that the Order in Council to which it led was also unlawful, void and of no effect and should be quashed. This means that when the Royal Commissioners walked into the House of Lords it was as if they walked in with a blank sheet of paper. The prorogation was also void and of no effect. Parliament has not been prorogued. This is the unanimous judgment of all 11 Justices.
It is for Parliament, and in particular the Speaker and the Lord Speaker to decide what to do next. Unless there is some Parliamentary rule of which we are unaware, they can take immediate steps to enable each House to meet as soon as possible. It is not clear to us that any step is needed from the Prime Minister, but if it is, the court is pleased that his counsel have told the court that he will take all necessary steps to comply with the terms of any declaration made by this court.
It follows that the Advocate General's appeal in the case of Cherry is dismissed and Mrs Miller's appeal is allowed. The same declarations and orders should be made in each case."
Extraído de:
https://www.bbc.com/news/uk-politics-49810680
[Última consulta 25 de septiembre de 2019]
